English
SANTO DOMINGO.- Durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada ante el juez por ningún médico forense la supuesta situación de salud que alega el imputado con el propósito de evadir la prisión preventiva que se corresponde a la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indica el Ministerio Público.
Leer más: SeNaSa implementa nuevas coberturas según actualización del Plan de Servicios de Salud
“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSA y en su vida social privada”, señaló el Ministerio Público.
“Ahora el procesado alega unas complejidades de salud de las que no se ha aportado evidencia”, precisa.
Recordó que el procedimiento para que un tribunal pondere un informe médico, en materia judicial, es que un perito designado por el Ministerio Público o tribunal establezca la condición de salud del procesado, situación que no ha ocurrido en el caso del principal imputado de los arrestados en la Operación Cobra.
Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del SeNaSa, entidad en la que desfalcaron con más de 15 mil millones de pesos.
Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy alegó una condición de salud que su defensa salió a pregonar ante los medios informativos.
El órgano del sistema de administración de justicia estableció ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim Albainy y el consultor Jurídico del SeNaSa Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.
El Ministerio Público establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de gravedad de un caso altamente complejo y grave, entre las que destacan:
-La pluralidad de víctimas e imputados
-El grave daño causado a la sociedad.
-La condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de garante del correcto funcionamiento y servicios de salud frente a los millones de afiliados a la ARS pública.
-La naturaleza de los delitos, al tratarse de hechos que afectan un bien jurídico de gran relevancia, como lo es el derecho fundamental a la salud.
-Las falsificaciones y adulteración de documentos que hicieron los imputados por años para ocultar sus acciones criminales.
-Se trata de una red de crimen organizado que operó con la sistematicidad y estructuración que caracterizan a una organización criminal.
-El hecho de que el principal imputado tomó acciones para la ocultación de bienes que obtuvo producto de sus acciones criminales.
-Las maniobras planificadas con alevosía que desplegó Hazim Albainy para evitar que investigados en el proceso hablaran con el Ministerio Público.
El proceso
Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.
Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal. De acuerdo con sus testimonios pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.
En el proceso el Ministerio Público ha presentado un legajo importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
