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Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este domingo un Consejo de Ministros extendido, una jornada de trabajo de día completo enfocada en definir, priorizar y articular los proyectos estratégicos de mayor impacto social que serán ejecutados durante el año 2026, en coherencia con las diez metas prioritarias del Gobierno.
Durante la sesión, ministros, directores generales y altos funcionarios del Gabinete participaron en mesas temáticas y sectoriales, donde revisaron la planificación y el presupuesto del 2026, alineándolos a una hoja de ruta orientada a resultados concretos, valor público y mejoras tangibles en la calidad de vida de la población.
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La jornada contó con el acompañamiento técnico y metodológico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportó herramientas de planificación, coordinación interinstitucional y buenas prácticas internacionales. Asimismo, participó el exministro del Reino Unido Sir Francis Maude, quien compartió su experiencia sobre la importancia de la priorización y la articulación gubernamental para lograr gestiones sostenibles y efectivas.
Seguimiento, transparencia y enfoque en resultados
El director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Félix Reyna, aclaró que la priorización de metas no implica dejar de lado otros compromisos del Gobierno, sino concentrar esfuerzos para generar mayor impacto. Indicó que el presidente Abinader insistió en la importancia del seguimiento constante, la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos como pilares de la gestión.
Enfoques estratégicos para 2026
El ministro de Seguimiento y Coordinación de Prioridades, Luis Madera, presentó los principales ejes estratégicos para el 2026, que abarcan áreas como salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura e institucionalidad del Estado.
En materia de infraestructura y servicios básicos, se priorizarán grandes proyectos de abastecimiento de agua potable, la reducción de pérdidas energéticas y el impulso a las energías renovables. También se contemplan acciones para erradicar el hambre, promover aumentos salariales por encima de la inflación y refocalizar las transferencias sociales condicionadas.
En el área de salud, se fortalecerá el primer nivel de atención, se impulsará la reforma a la seguridad social, la política nacional de medicamentos, la red de hospitales traumatológicos y una mayor atención a la salud mental.
Para la generación de empleos, el enfoque estará en la formación técnica, el fortalecimiento del inglés como segunda lengua, el impulso a carreras STEM y regímenes especiales de formalización laboral.
En educación, las prioridades incluyen el fortalecimiento de la escuela como plataforma de desarrollo, mejoras en infraestructura escolar, ampliación de la educación inicial, retención en secundaria y expansión de instituciones como la UASD, INFOTEP e ITLA.
En cuanto al desarrollo agrícola y la sostenibilidad, el Gobierno impulsará la mecanización del campo, la tecnificación del riego, las compras estatales para el desarrollo, el manejo de cuencas, el ordenamiento territorial y la implementación de seguros paramétricos en el sector agrícola. También se fortalecerá la iniciativa “Burocracia Cero”, junto a sistemas de control previo contra la corrupción y el monitoreo de la calidad de los servicios públicos.
Articulación de esfuerzos gubernamentales
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que este fue el Consejo de Ministros número 55 desde agosto de 2020 y que tiene como objetivo alinear prioridades, recursos y ejecución en torno a las metas de Gobierno para 2026. Destacó que esta jornada marca el inicio de una nueva etapa de la gestión y se vincula con los recientes ajustes en el Gabinete.
El Consejo de Ministros extendido constituyó el segundo momento de la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de Gobierno 2026”, iniciada en octubre de 2025, la cual incluyó consultas a organizaciones sociales representativas de mujeres, jóvenes, niñez y personas envejecientes.
Al concluir las sesiones de trabajo, las instituciones asumieron compromisos claros de ejecución, junto a mecanismos de seguimiento, medición y ajuste, que permitirán evaluar el avance de cada iniciativa durante el 2026. Las decisiones adoptadas serán de cumplimiento obligatorio para todas las entidades gubernamentales y servirán de base para el monitoreo continuo de la gestión pública.
