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Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció este jueves que el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, ha desacatado de manera reiterada una orden emitida por el presidente de la República, en relación con un caso de expropiación y apropiación irregular de terrenos, situación que, según la entidad, vulnera derechos fundamentales y coloca al Estado en una grave situación de indefensión jurídica.
El presidente de la Comisión, Manuel María Mercedes, afirmó que han transcurrido más de cinco meses desde que la organización formulara dos solicitudes formales a las autoridades, entre ellas la exigencia de que el director del Consejo Estatal del Azúcar diera cumplimiento a un poder especial enviado por el mandatario el año pasado ordena la suscripción de contratos relacionados con la venta, cesión y transferencia de terrenos previamente evaluados y avalados por los organismos técnicos.
El terreno en cuestión que consta de más de 21 mil metros cuadrados, se ubica en la Avenida Ecológica de Santo Domingo propiedad de Juan Rivera Cordero.
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“Acudimos donde el director para que cumpliera con las disposiciones del presidente de la República, pero el director del CEA se ha hecho, como decimos en términos populares, el chivo loco, y ha desacatado una decisión del presidente”, expresó Mercedes durante una rueda de prensa.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la inacción del CEA ha dejado en un limbo jurídico a propietarios legítimos de un terreno que, aseguran, ha sido invadido por una empresa privada ligada al sector de los combustibles, aprovechándose del desorden administrativo y de presuntas prácticas de corrupción que, según denunciaron, persisten en la institución estatal.
Mercedes advirtió que el desacato a una orden presidencial constituye una grave violación al Estado de derecho y a los derechos fundamentales de los afectados, al tiempo que debilita la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
“Esta situación mantiene a los propietarios en total indefensión y expone al Estado dominicano a un precedente peligroso, donde una decisión del presidente de la República es ignorada sin consecuencias”, sostuvo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró su llamado al director del CEA para que cumpla de manera inmediata con las disposiciones presidenciales y exhortó al Ministerio Público y a los organismos de control del Estado a intervenir en el caso, a fin de evitar que se consolide lo que calificaron como una expropiación irregular de bienes del Estado y una violación al derecho de propiedad adquirida de buena fe.
