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Lima.- Un grupo de 150 organizaciones sociales de diversos gremios y colectivos de todas las regiones de Perú firmó un consenso nacional en el que alertan de un retroceso en derechos humanos en el país, y advierten que muchas propuestas electorales los amenazan, como introducir la pena de muerte o salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El documento se presentó este lunes por la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Tania Pariona, y representantes de organizaciones que han firmado el mismo.
«Este consenso consolida todas las propuestas y las reivindicaciones de los sectores que hemos sido altamente afectados en nuestros derechos, tanto individuales como colectivos», indicó Pariona.
La situación de derechos humanos en Perú
El ‘Consenso Nacional por los Derechos Humanos’ está firmado por colectivos, redes, gremios de transportistas, agrarios, emprendedores, organizaciones feministas, juveniles, colectivos de la comunidad LGTBIQ+ y pueblos indígenas, entre otros.
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Definieron como «autoritarismo parlamentario» lo que ha ocurrido en los últimos tres años en el país, en referencia a un Congreso que ha operado con el beneplácito del Ejecutivo para impulsar y modificar numerosas leyes que han supuesto un grave retroceso en derechos humanos que afecta directamente a la democracia del país.
Por ejemplo, en este periodo se aprobó una amnistía para policías, militares y comités de autodefensa durante el conflicto armado interno (1980-2000), se legisló una prescripción para delitos de lesa humanidad, se eliminó la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que elimina la educación sexual en colegios; y se ha restringido el aborto terapéutico.
«Los dos partidos que hoy lideran las encuestas son justamente las que están planteando una mayor regresión», dijo Pariona, en referencia al ultraconservador Renovación Popular, cuyo candidato es el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, hija y heredera del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
«Mano dura»
El consenso indica que la «mano dura» para delincuentes, prometida en la campaña electoral por la mayoría de partidos para combatir el auge de la criminalidad, amenaza derechos humanos, pues muchas formaciones apuestan por militarizar espacios, la inimputabilidad y blindaje judicial de la Policía y la aplicación de la Justicia militar para delitos comunes.
Además, señala que cuatro partidos tienen como propuesta electoral incorporar la pena de muerte, cinco incluyen el retiro o restricción de la CIDH y 14 la eliminación o fusión de ministerios.
La Cnddhh destacó que varios partidos ni mencionan en sus programas a los pueblos indígenas y algunos de ellos proponen el avance de la infraestructura en selva virgen y la expansión minera y energética sin consulta previa de las comunidades que habitan los territorios.
Además, representantes de las organizaciones feministas Manuela Ramos y Flora Tristán alertaron de la normalización de la violencia de género y sexual en altas esferas políticas.
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Nombraron como ejemplo como la aceptación del matrimonio infantil por parte del actual presidente interino, el izquierdista José María Balcázar y la denuncia archivada por violación de su predecesor, el derechista José Jerí.
