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El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance afirmó este miércoles que la Casa Blanca monitorea el ataque perpetrado por la Guardia Fronteriza cubana contra una lancha registrada en Florida, incidente que provocó cuatro muertos y al menos seis heridos.
Vance, consultado por periodistas, indicó que aún se desconocen todos los detalles y expresó su esperanza de que “no sea tan grave como tememos”.
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Entretanto, el secretario de Estado Marco Rubio, reiteró que Estados Unidos investiga los disparos contra la embarcación, pero hasta el momento depende de la información proporcionada por el régimen cubano sobre lo ocurrido.
“A medida que reunamos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, aseguró Rubio. Consultado sobre la posibilidad de que el incidente involucrara personal del gobierno estadounidense o se tratara de una operación oficial, respondió: “No”.
El ataque ocurrió la mañana del miércoles en aguas territoriales cubanas. Según el Ministerio del Interior de Cuba, una unidad de las Tropas Guardafronteras detectó la embarcación estadounidense, con matrícula de Florida, cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones.
De acuerdo con el comunicado del régimen comunista, los tripulantes de la lancha habrían abierto fuego contra los efectivos cubanos durante el procedimiento de identificación, lo que provocó la respuesta armada. Como resultado, cuatro personas de la embarcación estadounidense murieron y otras seis resultaron heridas; también fue herido un comandante cubano.
Vance recalcó que la administración sigue atenta a la evolución del caso, pero remarcó que “no puede decir más porque simplemente no sabe más”. El vicepresidente insistió en que el gobierno estadounidense busca esclarecer rápidamente los hechos antes de emitir juicios definitivos sobre el episodio.
En paralelo, el fiscal general de Florida James Uthmeier anunció la apertura de una investigación estatal, en coordinación con agencias federales y fuerzas de seguridad.
“He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para iniciar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”, publicó Uthmeier en sus redes sociales.
El caso generó reacciones inmediatas desde el Congreso y autoridades locales en Florida. El congresista Carlos Giménez exigió “una investigación inmediata de esta masacre” y solicitó a las autoridades estadounidenses que aclaren si alguna de las víctimas es ciudadana estadounidense o residente legal.
“El régimen en Cuba debe relegarse al basurero de la historia por sus incontables crímenes contra la comunidad”, sostuvo Giménez.
El senador Rick Scott, ex gobernador de Florida, calificó la situación como “preocupante” y se sumó al reclamo de una investigación exhaustiva.
“El régimen comunista cubano debe rendir cuentas”, afirmó. Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava pidió una evaluación completa e inmediata para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
El ataque ocurre en medio de la presión de Washington sobre La Habana, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y el corte del suministro de crudo venezolano a la isla. La dictadura cubana sostiene que respondió a una agresión armada proveniente de la lancha infractora, aunque no han divulgado la identidad de los fallecidos ni sus motivaciones.
Incidentes similares se han registrado en años recientes. En 2022, una lancha estadounidense hirió a un oficial cubano tras disparar cerca de Villa Clara y, en otro caso, una patrullera cubana hundió una lancha de Estados Unidos durante una persecución, con saldo de varias muertes.
La congresista María Elvira Salazar manifestó que aguardará información oficial de las autoridades estadounidenses antes de pronunciarse, aunque remarcó la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos y residentes de Florida involucrados.
Mientras avanza la investigación estatal y federal, el caso amenaza con agravar la tensión entre Estados Unidos y Cuba. El gobierno de Florida insiste en que La Habana debe responder por las muertes, mientras la Casa Blanca mantiene su postura de cautela hasta contar con más datos y avances en las pesquisas.
