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El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) solicitó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU la autorización para el uso de la fuerza con el fin de proteger el Estrecho de Ormuz frente a ataques de Irán. Esta petición se produce en vísperas de una votación decisiva en la que los quince miembros del Consejo deberán pronunciarse sobre una resolución presentada por Bahréin y respaldada por los países árabes del Golfo, así como por Estados Unidos. La medida surge en respuesta al cierre casi total de la estratégica vía marítima por parte del régimen de Teherán, como represalias a los ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní, los cuales detonaron la actual ola de violencia en Oriente Medio.
El secretario general del CCG, Jasem Mohamed AlBudaiwi, denunció en Nueva York que Irán ha impuesto restricciones severas al tránsito de buques comerciales y petroleros, e incluso ha condicionado el paso de algunas embarcaciones. Durante la primera sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la cooperación con el organismo regional, AlBudaiwi instó al máximo órgano ejecutivo de la ONU a asumir su responsabilidad y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las rutas marítimas internacionales. El CCG está compuesto por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Omán, países que dependen en gran medida de la estabilidad de la navegación en el Golfo para sus economías.
La tensión en el Estrecho de Ormuz ha escalado en las últimas semanas. Irán, según la denuncia del CCG, ha cerrado el paso a la mayoría de los buques, obstaculizando el flujo de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes hacia los mercados internacionales. Esta situación ha provocado una subida significativa en los precios de la energía, generando preocupación en las principales economías del mundo.
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La propuesta de resolución impulsada por Bahréin busca autorizar a los Estados miembros de la ONU a utilizar la fuerza, de forma individual o mediante coaliciones navales multinacionales voluntarias, para garantizar el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz y disuadir cualquier intento de cierre o interferencia. El texto, que ha sido objeto de intensas negociaciones y revisiones a puerta cerrada, se encuentra en su cuarta versión formal. Una sexta versión, consultada por agencias internacionales, introduce la especificación de que los estados solo podrían emplear “todos los medios defensivos necesarios”, una matización que pretende responder a las preocupaciones de ciertos miembros del Consejo sobre el alcance de la autorización.
El debate ha dejado en evidencia profundas divisiones dentro del Consejo de Seguridad. Rusia, China y Francia, países con derecho a veto, han reiterado su rechazo a cualquier disposición que permita el uso de la fuerza. El embajador chino, Fu Cong, advirtió que la autorización de la fuerza equivaldría a legitimar el uso ilícito e indiscriminado de la violencia, lo que solo agravaría la situación y podría provocar consecuencias graves para la región y para la seguridad internacional. Fu insistió en que la única vía posible es la solución política y que el uso de la fuerza no traerá la paz. Rusia, por su parte, argumentó que medidas unilaterales de este tipo no abordan las causas fundamentales del conflicto y reiteró su apoyo a Teherán. Francia, a través de declaraciones previas del presidente Emmanuel Macron, consideró “irrealista” la posibilidad de una operación militar para liberar el estrecho.
La votación sobre la resolución está programada para el viernes por la mañana, aunque persisten dudas sobre el desenlace debido a la falta de consenso entre los miembros permanentes y no permanentes del Consejo. Fuentes diplomáticas han señalado que la resolución ha sido modificada varias veces para intentar superar las objeciones, pero las diferencias persisten. Además de los tres países con veto, algunos de los diez miembros no permanentes también han manifestado reservas sobre el texto.
El canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, declaró que la adopción de la resolución demostraría la unidad de la comunidad internacional ante las amenazas a una de las rutas más críticas para el comercio y la seguridad energética global. Por su parte, el embajador estadounidense Mike Walz sostuvo ante el Consejo que ningún país debería tener la capacidad de tomar como rehén a la economía mundial para obtener ventajas en una disputa. Washington ha expresado un respaldo firme a sus aliados del Golfo y ha insistido en la necesidad de medidas contundentes para garantizar la seguridad de la navegación en la región.
Mientras tanto, la situación en el Estrecho de Ormuz continúa deteriorándose. El bloqueo impuesto por Irán ya afecta de manera directa las cadenas de suministro internacionales, en particular el flujo de hidrocarburos hacia Asia, Europa y América. La incertidumbre sobre la resolución del conflicto ha causado volatilidad en los mercados energéticos, elevando el precio del petróleo y del gas natural licuado, así como de los fertilizantes, insumos clave para la agricultura mundial.
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La iniciativa del CCG para involucrar a la ONU y buscar una respuesta colectiva responde a la gravedad del impacto económico y geopolítico del cierre del estrecho. La región del Golfo, tradicionalmente dependiente de la exportación de petróleo y gas, enfrenta riesgos significativos si la situación persiste. Además, la prolongación del bloqueo podría tener consecuencias de largo alcance para la seguridad alimentaria en países que dependen de fertilizantes importados a través de esta ruta.
El futuro inmediato de la crisis en el Estrecho de Ormuz depende del resultado de la votación en el Consejo de Seguridad y de la capacidad de la diplomacia internacional para encontrar una salida que evite la escalada militar.
