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Israel avanzó este lunes con la creación de un tribunal militar especial destinado a juzgar a cientos de palestinos acusados de haber participado en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra comunidades y bases militares del sur del país. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento y contempla procesos que podrían terminar en condenas a muerte, una medida excepcional dentro del sistema judicial israelí.
El proyecto establece una estructura judicial específica para investigar y procesar a más de 400 sospechosos vinculados con la ofensiva encabezada por Hamas, en la que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas, según cifras oficiales israelíes. El ataque desencadenó posteriormente la guerra en Gaza.
El nuevo mecanismo judicial fue comparado dentro de Israel con el histórico juicio contra Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto nazi, procesado en Jerusalén entre 1961 y 1962. Aquel caso terminó con la única ejecución aplicada por el Estado israelí.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, justificó la necesidad de una legislación especial debido a la magnitud del ataque del 7 de octubre y a la gravedad de los delitos investigados.
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El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, durante una reunión del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén
“Así se hará justicia y la historia de esta terrible masacre será contada al mundo entero durante generaciones”, declaró.
La votación obtuvo el respaldo de 93 de los 120 legisladores del Parlamento. Entre quienes rechazaron el proyecto estuvo Ahmad Tibi, diputado árabe-israelí, quien afirmó durante el debate parlamentario: “No utilizo eso para hacer política ni busco venganza”.
Las autoridades israelíes sostienen que el tribunal permitirá centralizar cientos de expedientes y acelerar los procesos judiciales relacionados con el ataque. Entre los acusados habría integrantes de la unidad Nukhba, considerada una fuerza de élite de Hamas.
El tribunal funcionará en Jerusalén, en un recinto especialmente diseñado para este tipo de audiencias. Las sesiones serán transmitidas y archivadas, algo poco frecuente en Israel, donde los juicios normalmente no se televisan. Además, las víctimas y familiares podrán brindar testimonio tanto de forma presencial como escrita.
Los cargos incluirán delitos como crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y ataques contra el pueblo judío, figuras contempladas en la legislación israelí y que habilitan la pena capital. En caso de dictarse una sentencia de muerte, el fallo deberá pasar automáticamente por instancias de revisión judicial y política antes de ejecutarse.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a integrantes de su gabinete durante un debate en el pleno de la Knesset, en Jerusalén (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
La decisión generó críticas de organizaciones de derechos humanos israelíes. HaMoked, el Comité Contra la Tortura y Adalah cuestionaron el proyecto y advirtieron sobre posibles irregularidades en los procedimientos.
“El proyecto subordina todos los principios de una justicia penal justa a un espectáculo punitivo y de represalia”, señalaron en un comunicado conjunto.
Los grupos también alertaron sobre el riesgo de que algunos testimonios o confesiones hayan sido obtenidos bajo coerción durante los interrogatorios.
La creación del tribunal aparece además en medio de una creciente presión internacional sobre Israel por la guerra en Gaza. El país enfrenta procesos en tribunales internacionales de La Haya, donde se investigan denuncias relacionadas con presuntos crímenes de guerra y acusaciones de genocidio.
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Dentro de la Unión Europea también existen cuestionamientos a las leyes israelíes vinculadas a la pena de muerte. Bruselas ya había criticado una norma aprobada este año que habilita ejecuciones para palestinos condenados por ataques letales.
Mientras tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu continúa defendiendo la ofensiva militar en Gaza como una respuesta directa a los ataques del 7 de octubre. El primer ministro, sin embargo, sigue bajo presión interna por las fallas de seguridad que permitieron la incursión de Hamas en territorio israelí.
