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San Cristóbal.– Entre gritos de “¡Que la suelten, ella es inocente!”, familiares y allegados de Yoleydi Linarez Araujo reaccionaron a las afueras del Palacio de Justicia Máximo Puello Renville, en San Cristóbal, tras la suspensión de la audiencia de medida de coerción contra la joven acusada de quitarle la vida a su hija de seis años.
Los presentes aseguraban que la imputada quería a la menor y que sería incapaz de hacerle daño, mientras era trasladada luego de concluir la audiencia.
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La magistrada Laura Segura informó que el conocimiento de la medida de coerción fue aplazado para el próximo viernes 15 de mayo, a solicitud de la defensa técnica de la acusada, con el propósito de que le sea notificada la prueba audiovisual depositada por el Ministerio Público.
“El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medida de coerción contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada”, expresó Segura al salir del tribunal.
La representante del órgano acusador indicó que cuentan con pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales, entre ellas entrevistas, interrogatorios e imágenes de video debidamente analizadas.
“Tenemos un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva sin duda alguna”, afirmó.
De acuerdo con el expediente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó que la menor falleció por una muerte violenta de etiología médico-legal homicida, causada por asfixia por sofocación debido a la obturación de los orificios respiratorios.
Las investigaciones establecen que Linarez Araujo habría ocasionado la muerte de la niña dentro de su residencia, ubicada en el sector Sabana Toro, en San Cristóbal, durante la mañana del mismo día en que la menor fue llevada a un centro de salud.
