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Caracas.- Un grupo de 300 personas serán liberadas esta semana en Venezuela, entre ellas los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana detenidos por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, anunció este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.
En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el diputado aseguró que estas liberaciones comenzaron el lunes, con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2020.
«Entre el día de ayer (lunes) y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos, en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficio a esas personas», explicó Rodríguez.
Además, serán liberadas «mujeres embarazadas o lactantes», agregó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Los presos políticos, protagonistas en Venezuela
El diputado anuncia estas nuevas liberaciones tres meses después de que se aprobara la amnistía y cuando ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.
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El anuncio también se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.
Entre estas personas se encuentran los expolicías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad y acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.
Ese día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Venezuela vivió una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos.
