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La diputada del Partido Liberal, Sarai Espinal, presentó este martes ante el pleno del Congreso Nacional una iniciativa orientada a endurecer las penas por el delito de femicidio en Honduras, elevando las condenas hasta 40 años de prisión e incorporando incluso la posibilidad de cadena perpetua en los casos considerados más graves.
La propuesta busca reformar el artículo 208 del Código Penal hondureño en medio de la creciente preocupación por los altos niveles de violencia contra las mujeres registrados en el país durante los últimos años.
Según explicó la legisladora, actualmente las penas por femicidio oscilan entre los 20 y 30 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias en las que ocurra el crimen, pero considera que las sanciones deben endurecerse debido al alarmante número de mujeres asesinadas.
Espinal detalló que solamente en lo que va de 2026 se contabilizan al menos 74 mujeres fallecidas de forma violenta, mientras que durante 2025 la cifra superó las 285 víctimas, datos que reflejan la gravedad de la situación que enfrenta Honduras en materia de violencia de género.
No obstante, la congresista subrayó que el problema no radica únicamente en las penas actuales, sino también en las debilidades estructurales del sistema judicial y la impunidad que rodea muchos casos.
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“De nada sirve endurecer las penas si no existe una investigación contundente, fiscales eficientes y procesos transparentes”, expresó la diputada al defender la iniciativa presentada ante el Legislativo.
La diputada Sarai Espinal presentó una reforma para endurecer penas por femicidio en Honduras. (FOTO: Proceso Digital)
Espinal forma parte de una comisión especial encargada de investigar delitos cometidos contra mujeres y señaló que durante las reuniones sostenidas con organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público y otras instituciones estatales, se ha identificado la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de investigación.
Según indicó, el Ministerio Público habría solicitado una asignación presupuestaria de al menos 38 millones de lempiraspara reforzar las investigaciones relacionadas con femicidios y otros delitos violentos contra mujeres.
La parlamentaria aseguró que uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de recursos técnicos, personal especializado y seguimiento adecuado a los expedientes judiciales.
La reforma propuesta también contempla modificaciones específicas en la tipificación del femicidio agravado, delito que actualmente se castiga con penas de entre 25 y 30 años de prisión.
Con los cambios planteados, las condenas podrían aumentar hasta los 40 años o incluso derivar en cadena perpetua cuando existan agravantes extremos.Honduras registra al menos 74 mujeres asesinadas en lo que va de 2026. (FOTO: Confidencial HN)
Entre los agravantes contemplados en la legislación vigente se incluyen casos donde exista una relación de pareja o expareja entre víctima y agresor, violencia sexual previa, mutilación del cuerpo, exposición pública del cadáver, así como participación de estructuras de crimen organizado o redes de trata de personas.
Además del endurecimiento de penas, Espinal también planteó abrir el debate sobre medidas adicionales para combatir delitos sexuales graves, incluyendo la posibilidad de implementar castración química para reincidentes, medida aplicada en algunos países de la región.
La propuesta ha comenzado a generar distintas reacciones dentro y fuera del Congreso Nacional, donde algunos sectores consideran necesario fortalecer las sanciones, mientras otros sostienen que el enfoque principal debe dirigirse a garantizar investigaciones efectivas y reducir la impunidad.
La iniciativa contempla hasta 40 años de cárcel y cadena perpetua en casos agravados.
Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han reiterado en múltiples ocasiones que Honduras continúa registrando altos índices de violencia de género y feminicidios, situación que mantiene en alerta a distintos organismos nacionales e internacionales.
La iniciativa legislativa continuará su proceso de discusión en el Congreso Nacional en medio del debate sobre el fortalecimiento del sistema judicial hondureño y la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres.
