English
Santo Domingo. - La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso medidas de coerción contra seis personas supuestamente implicadas en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social Supérate y declaró el caso de tramitación compleja.
El juez Bernardo Coplín impuso a los imputados Ydalisis Maribel López, Yanilda Altagracia Rodríguez Herrera y Jonathan Martínez tres meses de prisión preventiva por el fraude cometido con unas 30,000 tarjetas de ayuda, según informó este martes la Procuraduría General de la República en un comunicado.
Te puede interesar: Cúpula del PLD llega a velatorio de doña Rosa para dar pésame a exmandatario Hipólito Mejía
Asimismo, dispuso una garantía económica de 100,000 pesos a Bernaldo Santiago Hernández Concepción, y de 80,000 para Juana Felicia Guillén y Odalia Florentino, además de presentación periódica para los tres.
En febrero pasado se inició una investigación como resultado de varias reclamaciones de consumos no reconocidos por beneficiarios del programa Supérate de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), según el expediente acusatorio.
Sobre las tarjeta
Dichas tarjetas "Supérate" pertenecen a personas de escasos vulnerables y envejecientes, las cuales necesitan dichos fondos para alimentos y medicamentos, pero, producto de este fraude millonario realizado por esta estructura criminal, cientos de personas fueron despojadas del dinero que recibían en este programa de ayuda, asegura la acusación.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público estableció que se detectaron transacciones presuntamente fraudulentas desde el 18 al 20 de febrero de este año; en horarios irregulares.
Establece que el conjunto de transacciones fraudulentas e irregulares fueron realizadas en diversos comercios y se realizaron en horario no laborable; registrando consumos sospechosos y no reconocidos por los beneficiarios del programa.
Estos hechos suponen la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
