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Las protestas en contra de la pobreza y la desigualdad se reanudaron el martes en Colombia luego que el presidente Iván Duque presentara un plan fiscal por 4.000 millones de dólares con el objetivo de ayudar al gobierno a pagar programas sociales y gastos relacionados con la pandemia.
Miles de personas salieron a marchar durante el Día de la Independencia en las principales ciudades de Colombia mientras Duque delineaba ante el Congreso los logros de su gobierno y presentaba un plan fiscal para financiar los subsidios a familias de bajos ingresos que no han tenido trabajo durante la pandemia.
El nuevo plan es menor al paquete de 6.300 millones de dólares que presentó en abril y que detonó protestas multitudinarias en toda Colombia, en las que decenas de personas murieron. La nueva protesta coloca una mayor carga fiscal a los ingresos corporativos y descarta una iniciativa previa que aplicaba impuestos sobre la venta a artículos básicos como la sal y el café.
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Los manifestantes señalaron que el nuevo plan no es suficiente para impulsar el gasto en educación y creación de empleos en Colombia, donde la economía se contrajo 7% el año pasado y llevó a otros 3 millones de habitantes a la pobreza, según estadísticas del gobierno nacional.
“El estallido social en Colombia continúa porque el gobierno del presidente Duque no ha solucionado ninguno de los problemas que enfrenta la sociedad colombiana”, dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, uno de los grupos que encabezan las manifestaciones en contra del gobierno.
El programa de subsidios del gobierno otorga actualmente pagos de 40 dólares mensuales a 3 millones de familias que pasan apuros para subsistir, en un país de 50 millones de habitantes. El nuevo plan fiscal busca mantener dichos pagos, brindar subsidios a compañías que contraten a empleados de entre 18 y 28 años, y financiar la matrícula universitaria para estudiantes de bajos y medianos recursos.
Su sindicato es parte de una coalición de organizaciones laborales y grupos estudiantiles que planea presentarse ante el Congreso con 10 propuestas para atender la crisis económica y social de Colombia. Entre ellas se incluye la disolución de la policía antimotines del país, así como la creación de un programa de ingresos básicos que otorgaría pagos mensuales por el equivalente a 260 dólares a 10 millones de personas.
Durante las protestas del martes, que fueron notablemente más pequeñas que las de abril y mayo, los manifestantes señalaron que quieren justicia para los jóvenes que murieron recientemente a manos de la policía. Human Rights Watch asegura que ha reunido evidencia que vincula a la policía con el fallecimiento de 25 manifestantes durante la reciente oleada de marchas, mientras que organizaciones locales aseguran que la cifra podría ser incluso más elevada.
“Colombia está de luto”, dijo Atala Ojeda, una pensionada que se unió a una de las manifestaciones en Bogotá mientras ondeaba una bandera colombiana con un listón negro. “Todos los años y todos los meses tenemos gente que muere”.
Con información de AP
