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Santo Domingo. - Los nuevos documentos de la investigación del Ministerio Público sobre el caso Medusa revelaron que previo a la licitación para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, las empresas constructoras estaban preseleccionadas y que las mismas tenían que pagar un 20% a la alegada red Medusa.
Según el organismo judicial, las constructoras debían un 20% sobre el monto total del contrato en favor del exprocurador Jean Alain Rodriguez y demás implicados en el alegado caso de corrupción.
En la acusación formal del caso Medusa, el documento explicó que el exjefe de Gabinete de la Procuraduría durante la gestión de Rodriguez, Rafael Stefano Canó Sacco contacto a un reconocido ingeniero, a quien informó sobre el proceso de licitación de la referida obra, destacado que el funcionario le resaltó que “necesitaban constructoras de confianza”.
A juicio del Ministerio Público, tras la propuesta de participación en el proyecto, el ingeniero se negó a participar por varios motivos dentro de los que destacó que “había una relación de amistad clara con Jean Alain Rodríguez” y tampoco era “contratista del Estado”.
En ese orden, señaló que dicho ingeniero aprovechó la oportunidad y buscó a sus “amistades cercanas” y “gente de confianza” para que participaran en la licitación asegurándoles contratos a cambio del pago del peaje (20 % del contrato que recibirían). Una vez reunidos los nombres de las constructoras, el ingeniero se reunió nuevamente con Canó Sacco para mostrarle el perfil de las constructoras y dando este el visto bueno, de acuerdo con los documentos.
Dentro de la lista de empresas el Ministerio Público destacó al Consorcio Remix-Rotilla, presidido por la empresaria Raffella Delfina Mazzone; Marizán Ingenieria Construcción y Bienes Raíces S.R.L. propiedad de Grandersio Marizán; también la Constructora Pablo Yarull y Asociados, propiedad del ingeniero y exasesor del Poder Ejecutivo Pablo Yarull.
También hace énfasis a la empresa Mac Construcciones S.R.L. vinculada al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
Luego de la intervención de Canó, en lo adelante, todo el proceso, según la investigación, debía realizarlo el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonathan Rodríguez Imbert.
Indicó que Jonathan Rodríguez habría convocado a una reunión con los contratistas para definir el tema “de los contratos. Por cuánto serían los montos… cuál lote se le asignaría a cuál constructora, ahí hubo una discusión de quienes eran los lotes.”
