El crecimiento de las monedas digitales es un fenómeno que se encuentra cada vez más presente en Uruguay.
Por eso, el Banco Central de Uruguay (BCU), mediante su programa de innovación financiera Nova BCU, publicó un documento que tiene objetivo de preparar el terreno frente a una posible normativa en la materia en Uruguay.
Bajo el nombre de “Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay”, el BCU cumple con una de sus finalidades más importantes que es lograr la estabilidad de precios; regular y supervisa el funcionamiento del sistema de pagos y el sistema financiero nacional.
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Fue realizado a través de un intercambio con el sector financiero, con proveedores de servicios de activos virtuales, empresas de software, estudios jurídicos; consultoras, organismos públicos, representantes de la academia y reguladores de otras jurisdicciones.
Allí se explica el marco conceptual sobre la categoría de los distintos instrumentos y sus operativas.
“Dado el rápido desarrollo de los instrumentos conocidos como ‘activos virtuales’ y su creciente operativa tanto a nivel global como doméstico, se considera necesario dar mayor certidumbre y claridad sobre este fenómeno y sus consideraciones normativas, con el objetivo de que su desarrollo en el mercado local, así como su utilización en los distintos servicios financieros sean seguros”, expresa el documento.
Activos virtuales
Se hace referencia a que los activos virtuales “podrían constituir una fuente importante de riesgo para la estabilidad de precios y financiera, comprometiendo los objetivos de promoción de la solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo del sistema financiero y de pagos”.
En ese sentido, el BCU agrega que a pesar de que la incorporación de los activos virtuales en “su escala actual y su relacionamiento con el sistema financiero formal es relativamente bajo, la creciente atención y el explosivo crecimiento en los últimos tiempos a nivel mundial determinan su inminente atención a nivel doméstico”.
Por esa razón es que se advierte que sin un marco eficiente de protección, “potenciales fraudes y estafas utilizando activos virtuales, así como ataques cibernéticos, podrían dejar expuestos a inversores y usuarios poco sofisticados a pérdidas de importancia (tanto desde el punto de vista económico, como también en materia de datos personales)”.
