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París.- El Consejo de Europa urgió a sus miembros a tener una "actitud proactiva" en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) con la meta de promover la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos, en vez de dejar esa tarea en manos de las empresas privadas.
Esta es una de las principales conclusiones del informe publicado hoy por el organismo intergubernamental con sede en Estrasburgo acerca de "La Inteligencia Artificial y los Derechos Humanos", un texto que amplía las recomendaciones ya realizadas en 2019.
"Como la mayor parte de la IA la ha desarrollado el sector privado, las autoridades públicas han adoptado, esencialmente, una actitud más bien reactiva antes que proactiva", indica el informe, dirigido por la comisaria responsable de los DDHH en el Consejo de Europa, Dunja Mijatović.
Para Mijatović, "los Estados miembros están perdiendo la oportunidad que la IA brinda para implementar y fortalecer la protección de los Derechos Humanos y de los principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho".
El Consejo de Europa, fundado en 1949, está integrado por 46 Estados europeos, entre ellos España, con la meta de promover y proteger los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de derecho.
El documento achaca también a sus miembros, entre los que hay varios Estados que no pertenecen a la UE, tener "un enfoque demasiado sectorial", por ejemplo, únicamente centrado en el derecho de privacidad, descuidando que la protección se aplique "a todas las áreas relevantes que usan la IA".
"Los marcos legales, cuando existen, no han sido aplicados de manera rápida y efectiva -lamenta el estudio- debido a que el hecho de depender de las infraestructuras de las grandes plataformas (de internet) puede dificultar una implementación y mantener fragmentada la supervisión".
"La Inteligencia Artificial y los Derechos Humanos" apunta además a la "insuficiente transparencia e intercambio de información" en Europa acerca de las evoluciones de la IA.
Lamenta también que las leyes de la protección intelectual "sean un obstáculo" que dificulta la supervisión y limita la acción del sector judicial y de las organizaciones de Derechos Humanos.
