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Santo Domingo. — El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional del movimiento cooperativo y advirtió sobre la necesidad de respetar la naturaleza jurídica y social de las cooperativas, ante eventuales propuestas de regulación del sector.
La presidenta del CONACOOP, Eufracia Gómez Morillo, enfatizó que las cooperativas “no son empresas de intermediación financiera ni empresas mercantiles, sino organizaciones de economía solidaria”, por lo que cualquier normativa debe reconocer y proteger su identidad.
“Regular no es imponer. Es reconocer, fortalecer y proteger. El diálogo con el sector cooperativo no es opcional. Es un deber constitucional y ético”, expresó Gómez Morillo.
La dirigente señaló que el cooperativismo dominicano no se opone a la regulación, pero advirtió que esta debe responder a su esencia democrática y participativa, y construirse con la voz activa de los miembros del movimiento.
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Gómez Morillo informó que el CONACOOP depositó ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que propone la creación de la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) y establece un marco regulatorio actualizado para el sector.
Explicó que la iniciativa fue elaborada “desde la base”, con el consenso de cooperativas de todo el país, garantizando el respeto a los principios universales de solidaridad, democracia y desarrollo colectivo.
“Este proyecto garantiza nuestra identidad cooperativa y robustece el régimen de consecuencias para quienes pongan en riesgo la confianza depositada por los asociados en este modelo”, afirmó la presidenta del CONACOOP.
Compromiso con la transparencia y el desarrollo nacional
La representante del órgano cúpula del cooperativismo dominicano reiteró el compromiso institucional y democrático del sector, destacando los esfuerzos del CONACOOP para promover la transparencia, la participación y el diálogo como pilares del desarrollo nacional.
Finalmente, Gómez Morillo subrayó que el movimiento cooperativo seguirá apostando por la concertación y el consenso, en defensa de un modelo económico y social que ha demostrado ser una herramienta efectiva de inclusión, desarrollo y bienestar colectivo.
