San Salvador.- El Salvador cumple este miércoles dos años desde la implementación de un régimen de excepción, cuyas acciones han sido bautizadas por el presidente Nayib Bukele como una «guerra contra las pandillas», que le ha garantizado al mandatario mantenerse en el poder pese a los constantes señalamientos de violaciones a derechos humanos.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó, a petición de Bukele, la implementación de un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales como el derecho a la defensa, durante el que han sido capturadas más de 78.000 personas.
Si bien la polémica medida ha sido señalada de violentar derechos, ha contribuido a bajar aún más la cifra de homicidios en el país centroamericano, tendencia que ya venía desde 2015, y ha elevado la popularidad de Bukele.
La organización Human Rights Watch señaló este miércoles que Bukele sigue siendo muy popular, en gran medida porque algunos indicadores de violencia parecen haber mejorado en el corto plazo.
Los homicidios, que han disminuido en El Salvador desde 2015, han caído aún más, aunque las restricciones gubernamentales para acceder a las cifras y los cambios en la forma en que se cuentan los asesinatos hacen que sea más difícil estimar el verdadero alcance de la reducción y la prevalencia de otros delitos, apuntó.
El mandatario usó el régimen de excepción como su principal herramienta de campaña electoral de cara a las elecciones del pasado 4 de febrero, que ganó con una amplía mayoría, lo que le permitirá continuar en el Ejecutivo hasta 2029, a pesar de que la Constitución no permite la reelección inmediata.
Control de los tres órganos del Estado
Bukele también abogó por los candidatos a diputados de su partido, Nuevas Ideas (NI), y llamó a la población a que votaran por ellos para que el régimen continuará. Nuevas Ideas seguirá siendo mayoría en el Congreso tras ganar la mayoría de diputaciones (54 de 60).
Con lo anterior, el presidente tienen el control de los tres órganos del Estado, lo que incluye la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados fueron elegidos sin que los diputados del Congreso siguieran el debido proceso.
Se desconoce cuándo se dará por concluido dicho régimen o si será una medida permanente, la única por el momento del Gobierno de Bukele contra las pandillas, un fenómeno que resistió a los planes de seguridad de las pasadas Administraciones.
Bukele aseguró recientemente que la tasa de homicidios en El Salvador en 2024 será «aún más baja» que la registrada el año pasado. En 2023, se registraron 154 asesinatos, 341 menos que los 495 contabilizados en 2022, según datos de la Policía Nacional Civil.
La Policía confirma que la tasa de homicidios en 2023 por cada 100.000 habitantes fue de 2,4 e indicó que el promedio diario de muertes fue de 0,4.
Se desconoce el impacto real de la medida
Anabel Belloso, diputada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN,izquierda), reconoció en una declaración a EFE que la violencia ha disminuido bajo el régimen de excepción pero que «al no tener datos oficiales reales es imposible conocer el impacto real de la medida».
«Es una medida de control social, es una estrategia en aras de concentrar el poder, que es su objetivo principal (el de Bukele), porque es una herramienta que la ha utilizado para acallar voces que lo critican, y perseguir a lideres comunitarios y de los territorios», expresó.
Añadió que la medida de excepción «no responde a una verdadera política de seguridad ciudadana» sino a «fines propagandísticos y de control social».
La «formula mágica»
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló este miércoles en un comunicado compartido por la organización que «sin ningún tipo de evaluación y contrapeso al interior del país y con una respuesta tímida de parte de la comunidad internacional, se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos -como el de la violencia y la criminalidad-, de manera aparentemente sencilla».
No obstante, advirtió que «no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal» y añadió que «las autoridades salvadoreñas deben centrar la respuesta estatal en políticas integrales y respetuosas de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones de largo plazo».
Para la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Katya Salazar, la violencia se redujo en El Salvador y las calles están más seguras, pero «los salvadoreños se merecen más, no solo seguridad sino también justicia».
«El desafío actual es resolver la situación judicial de los miles de detenidos en prisión, donde hay también personas inocentes. Los salvadoreños se merecen un país seguro pero también un país donde sean tratados con justicia», comentó en una declaración a EFE.
