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Santo Domingo. – En los últimos años, el auge de los medios digitales y las redes sociales ha democratizado la opinión pública en República Dominicana, pero también ha desatado una avalancha de querellas por difamación e injuria.
Comunicadores, figuras del espectáculo e incluso influencers han cruzado la línea del comentario opinativo a la acusación sin pruebas, y muchos ya enfrentan consecuencias judiciales por atacar la honra y reputación de terceros.
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El caso más reciente involucra a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien anunció acciones legales contra quienes han difundido acusaciones falsas en su contra. Tras su pronunciamiento, dos tribunales del Distrito Nacional impusieron medidas de coerción contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, conocida como “La Torita”.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, dictó presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de RD$500 mil para Martínez. Mientras que la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, impuso similares restricciones a Jorge, con una fianza de RD$200 mil.
El 11 de mayo de 2025, los reconocidos periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez interpusieron querellas penales ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra Juan Aníbal Arrendel, Alfredo de Dios, Pedro Casals y Aquiles Jiménez, alegando que han sido víctimas de una campaña de difamación sistemática en redes sociales y medios alternativos.
A esta acción se suma la comunicadora Rita Isaura Taveras, quien presentó una querella penal y demanda civil por RD$10 millones contra Aquiles Jiménez, tras ser falsamente vinculada a supuestos sobornos estatales.
La exviceministra Milagros De Camps Germán también se querelló contra Ángel Martínez y nuevamente contra Jiménez, acusándolos de liderar una campaña de descrédito digital, incluso manipulando imágenes personales de su hija menor.
Aquiles Jiménez: reincidente judicial
El nombre de Aquiles Jiménez figura en al menos 14 querellas legales por difamación. En 2022, fue condenado a tres meses de prisión y al pago de RD$1 millón por daños morales, luego de perder un proceso contra el entonces ministro de Vivienda, Carlos Bonilla.
Su historial incluye enfrentamientos judiciales con periodistas, figuras políticas y artistas, siendo considerado por muchos como un reincidente de la desinformación.
Artistas e influencers también alzan la voz
El conflicto no es exclusivo del ámbito político o periodístico. En 2019, la presentadora Sandra Berrocal demandó por difamación al exponente urbano Yomel, el Meloso, tras declaraciones relacionadas con su hijo.
En 2021, la influencer Alexandra MVP llevó a los tribunales al comunicador Ali David, alegando agresiones verbales con términos como “transformer” y “hermana de Mía Cepeda”. La demanda incluyó una solicitud de RD$30 millones por daños a su imagen.
El comentarista Wilson Sued también actuó judicialmente cuando fue acusado por Jary Ramírez de "vender visas americanas". Ramírez terminó retractándose públicamente.
Además, la comunicadora Gabi Desangles intimó a Luinny Corporán y Tamara Martínez por declaraciones que consideró difamatorias y dañinas a su reputación.
Las querellas por difamación en República Dominicana se sustentan en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza las injurias difundidas por medios digitales. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta penas de prisión de hasta un año, dependiendo de la gravedad del caso y del daño ocasionado.
