La situación en la frontera domínico-haitiana en Dajabón (norte) sigue siendo tranquila en la segunda jornada del cierre dispuesto por el Gobierno dominicano en represalia a la construcción, del lado haitiano, de un canal de riego en el río Masacre, que comparten ambas naciones.
Desde las 6.00 de la mañana del viernes la totalidad de la frontera -marítima, terrestre y aérea- entre ambos países permanece cerrada, y solo dos veces al día, a las 12.00 y a las 4.00 de la tarde se permite el paso de los ciudadanos haitianos que están en territorio dominicano para que regresen a su país.
Un grupo de unas 200 personas esperaba cerca del paso fronterizo para volver a Haití en los minutos de apertura de este mediodía, muchas de ellas mujeres con niños pequeños que iban cargando unas pocas pertenencias, según pudo comprobar EFE.
Mientras hacían fila bajo el intenso sol para pasar al otro lado, un camión de la Dirección General de Migración (DGM) llegó cargado de ciudadanos haitianos indocumentados para deportarlos, sin que se hayan producido movimientos reseñables durante la mañana
Consecuencias para el comercio
El cierre fronterizo supone la suspensión del mercado binacional que se celebra viernes y lunes en Dajabón, actividad comercial entre ambos países cuya cancelación acarreará consecuencias económicas para los comerciantes dominicanos y problemas de abastecimiento para los haitianos.
El legislador y miembro de la comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados Darío Zapata, anunció que esta tarde habrá una reunión con el ministro Ito Bisonó y representantes del sector del comercio para «buscar una salida que pueda resolver las grandes pérdidas» que están sufriendo los comerciantes y los productores.
Zapata señaló que otro asunto derivado del cierre fronterizo que se debe analizar es la situación del parque industrial binacional Codevi (Compagnie de Développement Industriel S.A.), ubicado en territorio haitiano, en Juana Méndez, que sigue operando a pesar de la oposición de los comerciantes dominicanos afectados por la medida decretada por el presidente Luis Abinader.
Otras disposiciones adoptadas por el Ejecutivo dominicano para forzar la paralización de los trabajos de toma de agua son la suspensión de la emisión de visas a ciudadanos del país vecino y la prohibición expresa de entrada al país de nueve ciudadanos haitianos, entre ellos exfuncionarios, antiguos legisladores y el considerado «patrocinador» del canal objeto de polémica, Camiel Samson.
Además, la Junta de Aviación Civil anunció la suspensión de todas las operaciones aéreas de carga y pasajeros desde y hacia Haití.
La reacción de Haití
Las medidas dispuestas por Abinader han llevado a la convocatoria de una protesta este domingo en Puerto Príncipe, tanto contra el cierre de la frontera como contra el ultranacionalismo de algunos sectores dominicanos.
Haití defiende su derecho a explotar sus recursos naturales, señalando que «al igual que la República Dominicana, con la que comparte el río Masacre, tiene pleno derecho a realizar capturas (tomas de agua) allí, de conformidad con el acuerdo (bilateral) de 1929», el mismo texto en el que se ampara el Gobierno dominicano para señalar la supuesta ilegitimidad de las obras.
Aún así, el Ministerio de Asuntos Exteriores haitiano insistió este viernes en la importancia del diálogo para resolver la crisis, tal y como transmitió su titular, Emmelie Prophete Milce, al embajador dominicano en el país, Faruk Miguel Castillo, al que convocó a una reunión para abordar el asunto.
Diversas organizaciones de la República Dominicana también han manifestado este sábado su rechazo por el cierre de la frontera y por los discursos guerreristas y medidas agresivas del gobierno dominicano basados en la afirmación de que el canal de riego haitiano en el río Masacre se trata de un ‘desvío del río'», que constituye una frontera natural entre ambos países.
Esa afirmación, «contradice los propios documentos oficiales dominicanos, incluyendo la posición del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) emitida en 2021 y la declaración binacional del 27 de mayo de ese año», según una declaración conjunta de diez entidades.
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