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El ataque militar de Estados Unidos de esta semana a la embarcación venezolana en el que murieron once personas, que la Casa Blanca justifica en la lucha contra el narcotráfico y amenaza con repetir, ha generado cuestionamientos y elevado las tensiones en la región del Caribe.
El Gobierno de Donald Trump, tras incrementar su presencia militar cerca de las costas venezolanas, informó el martes del ataque contra una supuesta narcolancha que atribuyó a la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, en un giro letal sin precedentes respecto a la política habitual de confiscación, detenciones y sanciones contra el narcotráfico.
La Casa Blanca defendió el jueves que el ataque dirigido por Trump respondió a las leyes de un "conflicto armado", fue contra una "organización designada como terrorista" y en defensa de los intereses de EE.UU. y la "autodefensa colectiva de otras naciones" víctimas de la violencia y la actividad de los cárteles.
Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro -al que Washington acusa de liderar el "narcoterrorista" Cartel de Los Soles- calificaba el ataque /alfcomo un invento de EE.UU., los medios locales venezolanos transmitían mensajes de condolencia en redes sociales por los fallecidos, contradiciendo la versión oficialista.
La embarcación salió el 31 de agosto de San Juan de Unare cargada supuestamente con droga hacia Trinidad y Tobago y unos tripulantes vecinos de la zona, ruta habitual de las mafias que suelen contratar a pescadores para traficar, detalla El Nacional, que cita a la periodista local Sebastiana Barráez.
Según dijo a EFE José Enrique Arrioja, director de Americas Quaterly, el ataque "ha subvertido los principios legales y protocolos de rigor para este tipo de operaciones" ya que "asume culpabilidad irrefutable de los ocupantes" de la lancha, algo "que solo se da en caso de guerra y que en otros casos sería algo inaceptable".
"Es un precedente preocupante. Parece querer mandar un mensaje de que habrá tolerancia cero con el narcotráfico", agregó Arrioja, y que se ha dado en una región eminentemente pesquera y pobre de Venezuela, que por su situación ha sido durante mucho tiempo una cabeza de playa para el narcotráfico.
El jueves, el Departamento de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales caribeñas, una maniobra "provocativa" para el Pentágono, que ha enviado diez cazas F-35 a una base aérea de Puerto Rico, según los medios.
El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4.500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el "combate contra el narcotráfico".
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró en su visita a México, donde ha escenificado la cooperación con su vecino en materia de seguridad, que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona", y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones que asocie al narcotráfico.
En su siguiente visita, a Ecuador, Rubio dijo que está dispuesto a evaluar la reinstalación de una base militar en territorio ecuatoriano, que considera un "lugar estratégico", si así lo autoriza ese país en un referendo, lo que fue tachado de "ofensa" por el Gobierno de Maduro.
Entre las primeras reacciones, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, alabó el ataque a la lancha y abogó por eliminar "violentamente" a todos los narcotraficantes, y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió sus rutas entre la isla y Venezuela durante todo el mes de septiembre.
Mientras, el martes, Perú declaró rápidamente al Cartel de los Soles como una organización terrorista que presenta una amenaza externa para la nación suramericana, sumándose a República Dominicana ese mismo día y a Ecuador, Paraguay y Argentina, que lo hicieron tras la declaración de EE.UU.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió por su parte que la colaboración con EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico está supeditada al respeto al derecho internacional, una premisa que recordó la ONU, que reivindicó el uso intencional de fuerza letal como último recurso y la investigación de las muertes.
