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La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador comenzó el análisis de los Acuerdos de Reforma Constitucional Número Siete y Ocho, aprobados en la sesión plenaria del 29 de abril, destinados a ratificar cambios en el artículo 79 y en los incisos 1° y 3° del artículo 208 de la Constitución. El debate se orienta a garantizar representación legislativa para los salvadoreños en el exterior y a modificar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El primer acuerdo, relativo al artículo 79, plantea que los salvadoreños residentes fuera del país elijan a sus propios representantes en la Asamblea Legislativa.
La circunscripción electoral de la diáspora se determinará en función del Registro Electoral y no de la proporción de connacionales en el exterior. Destacó Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política, que esta reforma permitirá a la diáspora contar con una representación equivalente a la de los catorce departamentos del país: “El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador; pero ahora nuestros hermanos en el exterior van a votar directamente por sus representantes”.
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El número total de escaños en la Asamblea se mantendrá en 60, lo cual garantiza que la integración del órgano legislativo no se verá alterada. Los diputados expusieron que la reforma responde al incremento de la participación de salvadoreños en el exterior, cifra que pasó de cerca de cinco mil votantes en elecciones anteriores a más de trescientos mil en los últimos comicios.
Analistas sostienen que la eventual aprobación de estas modificaciones podría redefinir las reglas del juego político y suscitar repercusiones en la confianza ciudadana hacia el sistema democrático (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
El Acuerdo de Reforma Constitucional Número Ocho corresponde a los incisos 1° y 3° del artículo 208 y busca modificar la integración del TSE para reducir la incidencia de los partidos políticos en la selección de sus magistrados. En la actualidad, el Tribunal lo integran cinco magistrados propietarios: tres propuestos por los partidos con mayor votación en las últimas presidenciales y dos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con la reforma, a partir de la elección de 2027 los cinco magistrados serán designados por la Asamblea Legislativa: tres mediante un proceso público y general, y dos a propuesta de la CSJ. Todos deberán cumplir los requisitos exigidos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán tener afiliación partidaria. El magistrado presidente será seleccionado por la Asamblea, eliminando la prerrogativa del partido con más votos para proponerlo.
Castro afirmó que el nuevo mecanismo está orientado a “despartidizar el Tribunal Supremo Electoral”, una demanda expresada por sectores de la sociedad civil y de la oposición política durante años: “Creemos que debemos despartidizar el Tribunal Supremo Electoral”.
La ratificación de estas reformas requiere el respaldo de tres cuartas partes de los diputados, es decir, 45 votos en el mismo periodo legislativo, conforme al artículo 248 de la Carta Magna. La Comisión Política comunicó que el estudio de los acuerdos continuará el lunes 4 de mayo a las 14:00, con la presencia de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana María Mira, y delegados del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y del TSE.
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Durante la sesión, se planteó invitar a expertos en sistemas electorales y a representantes de organismos internacionales, como la OEA, para profundizar el debate. La diputada Raquel Serrano manifestó que el análisis contempla la participación de voces técnicas y de organismos observadores electorales.
La reforma al artículo 79 tiene como objetivo brindar certidumbre en la distribución de los votos emitidos desde el extranjero. A su vez, la modificación del artículo 208 apunta a fortalecer la legitimidad del TSE y asegurar procesos electorales independientes y transparentes. La Comisión Política dejó abierta la sesión para dar espacio a nuevas valoraciones y testimonios antes de elevar un dictamen al pleno legislativo.
