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La organización por los derechos digitales Digital Freedom Project presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Superior de Australia contra la inminente prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años alegando que la normativa es "excesiva", entre otras objeciones.
Digital Freedom Project, una agrupación australiana sin ánimo de lucro que se define como defensora de los derechos digitales en el país oceánico, informó en un comunicado que ha presentado el recurso ante la máxima instancia judicial contra la norma, que afectará a plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube, entre otras, y entrará en vigor el 10 de diciembre.
La organización busca proteger la libertad de expresión, la participación y el acceso a las redes sociales y tecnologías digitales, especialmente entre los jóvenes, frente a lo que considera una intervención excesiva del Estado, y sostiene que la legislación es "gravemente excesiva" y supone una intromisión en el "derecho constitucional" a la libertad de comunicación política.
Su presidente, John Ruddick, miembro del Partido Libertario en la cámara alta de Nueva Gales del Sur, calificó la medida de "desproporcionada" y aseguró que delega en el Gobierno y en "burócratas no electos" responsabilidades que deberían recaer en las familias.
Fundado en 2001, el Partido Libertario es una formación minoritaria que tiene un programa liberal en el aspecto social y promueve la mínima intervención del Gobierno en la economía.
"Esta prohibición es un ataque directo al derecho de los jóvenes a la libertad de comunicación política", afirmó Ruddick en el texto.
Los adolescentes Noah Jones y Macy Neyland, ambos de 15 años, figuran asimismo como demandantes en la causa en representación del colectivo afectado.
El derecho implícito a la libertad de comunicación política fue reconocido por el Tribunal Superior en la década de 1990, al considerar que los ciudadanos deben poder informarse y expresarse políticamente para ejercer su voto. Sin embargo, no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a restricciones razonables.
La posible colisión de la normativa que veta a los menores de 16 años de redes sociales con este principio constitucional fue uno de los tres fundamentos legales inicialmente barajados por los abogados de Google, que en julio instaron al Gobierno a excluir YouTube de la prohibición.
Según la empresa, la limitación impediría a los menores de 16 años publicar o comentar vídeos de contenido político.
Pese a esas advertencias, la exención especial que en un principio se contempló para YouTube fue retirada y la plataforma quedó incluida definitivamente en el alcance de la prohibición.
Australia se convertirá el próximo 10 de diciembre en uno de los primeros países del mundo en imponer restricciones de este calibre, mientras otros estudian medidas similares para proteger a los menores en Internet.
