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Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el derrocamiento militar de su predecesor, Nicolás Maduro, por parte de Washington.
El nombre de Rodríguez fue eliminado de la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” de Estados Unidos, según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.
“Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
La decisión marca el punto más personal e irreversible del proceso de normalización emprendido por la administración Trump desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero. El Departamento del Tesoro había incluido a Rodríguez en esa lista negra en septiembre de 2018 por corrupción y violación de derechos humanos. Durante casi ocho años, sus activos en territorio estadounidense permanecieron bloqueados y cualquier transacción con ella estaba vedada a ciudadanos y empresas de Estados Unidos. Esa condición acaba de desaparecer.
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La eliminación de su nombre no es un gesto aislado sino el resultado de una negociación por fases que se tejió desde el mismo día en que tropas estadounidenses sacaron a Maduro del país. El Departamento del Tesoro emitió al menos 12 licencias entre enero y marzo de 2026 que autorizaban de manera progresiva sectores enteros de la economía venezolana bajo supervisión de Washington, sin llegar todavía a levantar las sanciones formales. Las concesiones siguieron una lógica transaccional: a cada reforma interna del gobierno de Rodríguez correspondió un alivio adicional.
Rodríguez depuró los mandos militares para alinearlos con Estados Unidos, reabrió la industria petrolera a financiación extranjera y promulgó una ley de amnistía que liberó a presos políticos. También destituyó a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante más de once años, y eliminó organismos vinculados al entramado chavista, incluido el centro de coordinación de inteligencia del Estado. Ninguno de esos movimientos habría sido posible sin el aval de Washington.
El ritmo fue acelerado. El 13 de marzo, el Tesoro levantó restricciones al sector energético y petroquímico, con autorización para operar con la petrolera estatal PDVSA, aunque bajo control estadounidense y excluyendo a China, Rusia e Irán. Dos semanas después autorizó transacciones con el sector minero, incluido el oro. El 30 de marzo, la embajada estadounidense en Caracas reanudó oficialmente sus actividades, poniendo fin a una ruptura diplomática que databa de 2019.
Trump declaró que Rodríguez estaba dispuesta a trabajar con Estados Unidos y que la política de Washington buscaba, entre otros objetivos, dirigir las ventas y los ingresos del petróleo venezolano para limitar el papel de sus adversarios en ese sector. El esquema resultante es inédito: los ingresos petroleros se depositan en cuentas bajo control del Tesoro, las empresas autorizadas operan con licencias revocables en cualquier momento, y cualquier acuerdo con China, Rusia o Irán requiere aprobación previa de Washington.
Los críticos advierten que por esta vía no hay avances sustanciales en materia de derechos humanos ni una ruta clara hacia elecciones libres. Activistas señalan que la ley de amnistía se aplica con discrecionalidad y que unos 500 presos políticos permanecen recluidos. La oposición democrática, en tanto, se reorganiza en un escenario donde la interlocutora oficial con Occidente sigue siendo una figura forjada en el núcleo duro del chavismo.
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Para Rodríguez, el levantamiento de las sanciones personales representa una legitimación que durante meses reclamó de manera explícita. Lo que obtuvo, sin embargo, es su propia liberación de la lista negra, no el fin del régimen general de sanciones que continúa pesando sobre PDVSA y el régimen venezolano como estructura. La diferencia entre ambas cosas define los límites reales del acuerdo: Rodríguez puede operar como interlocutora válida, pero el control sobre los activos del país sigue en manos de Washington.
