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Quito.- El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, tildó este martes de "proceso ilegítimo" el juicio político al que la oposición ha llevado al presidente Guillermo Lasso, bajo la acusación de un presunto peculado (malversación).
Después de que la Asamblea Nacional (Parlamento) votase a favor de llevar al mandatario a la última fase del juicio político, donde se decidirá su continuidad en el cargo, Cucalón lamentó el resultado de la votación en el hemiciclo.
"La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales", escribió Cucalón en redes sociales.
"Nos mantenemos firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia", añadió.
Con 88 votos a favor, el pleno del Legislativo ecuatoriano aprobó entrar en la última fase del proceso después de que la Comisión de Fiscalización no lograse aprobar el informe que recomendaba archivar el caso por falta de pruebas contra el mandatario.
Para lograr la salida del jefe de Estado se requieren 92 votos a favor, equivalentes a dos tercios de la Cámara, que son sólo cuatro más de los reunidos este martes para dar continuidad al juicio.
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Ante de ello existe la posibilidad de que el presidente recurriese a la denominada "muerte cruzada", una figura constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas, para gobernar hasta entonces mediante decretos.
Un proceso ilegítimo
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos estuvieron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
El juicio político fue promovido por la oposición después de la dura derrota sufrida por el oficialismo en la cita electoral del 5 de febrero, cuando el Gobierno perdió el referéndum planteado para hacer reformas en la Constitución y, a la vez, la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue el gran triunfador de las elecciones locales.
