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La jueza Baloisa Marquínez fijó el inicio de los alegatos del caso Odebrecht para el próximo 23 de febrero, luego de declarar cerrada la etapa de práctica de pruebas en uno de los procesos judiciales más relevantes por corrupción en la historia reciente de Panamá.
La decisión se produjo tras varios días de debate procesal y marca el inicio de una fase clave antes de que el tribunal entre a deliberar sobre eventuales responsabilidades penales en un expediente que involucra millonarios sobornos y contratos públicos.
Durante la audiencia, la magistrada explicó que el tribunal no podía mantener abierta la fase probatoria debido a la imposibilidad legal de citar a una testigo clave, pese a los intentos realizados por las partes.
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En su intervención, Marquínez detalló que la citación no se concretó por los medios reconocidos en el Código Judicial, lo que impedía prolongar el proceso sin vulnerar el debido proceso. Según la jueza, correspondía avanzar hacia los alegatos, donde cada parte podrá sustentar sus posiciones conforme a derecho.
La juzgadora también rechazó solicitudes para emitir oficios a instituciones públicas con el fin de ubicar a una persona relacionada con el proceso, al considerar que ello constituiría un acto de investigación, función que no corresponde al tribunal.
Citó el artículo 5 del Código Procesal Penal, que establece la separación de funciones entre jueces y fiscales, reafirmando que el rol judicial se limita a valorar pruebas y garantizar garantías procesales.
Con la decisión adoptada, el tribunal dispuso que las sesiones de alegatos comenzarán a las 2:00 p.m., con un tiempo inicial de una hora para cada abogado. No obstante, se otorgará mayor espacio a los defensores que representen a más de un imputado, con el objetivo de asegurar un debate ordenado y completo.
La jueza indicó que el desarrollo será continuo, sin interrupciones innecesarias, para evitar nuevas dilaciones en un proceso que se ha extendido por varios años.
Por su parte, la fiscal superior anticorrupción Ruth Morcillo respaldó la programación establecida, luego de haber solicitado inicialmente que los alegatos iniciaran el 19 de febrero, tras los carnavales. La funcionaria señaló que su petición buscaba mantener la coherencia argumentativa del Ministerio Público, especialmente en relación con las imputaciones formuladas y las pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el juicio.El expediente incluye señalamientos sobre presuntos pagos provenientes de cuentas de Odebrecht vinculados a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Archivo
Morcillo también recordó que en paralelo deberá participar en otro proceso judicial vinculado a presunto peculado en el proyecto de remodelación del Casco Antiguo, asignado a Odebrecht y a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), lo que influyó en la reprogramación acordada con la defensa.
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Finalmente, los abogados defensores coincidieron en que el 23 de febrero era una fecha adecuada para garantizar la preparación integral de sus alegatos.
El juicio Odebrecht en Panamá forma parte de un entramado regional de investigaciones derivadas del esquema de sobornos operado por la constructora brasileña en varios países de América Latina. En el caso panameño, el expediente se centra en pagos ilegales vinculados a contratos de infraestructura, entre ellos proyectos viales, obras públicas y concesiones otorgadas durante distintos gobiernos.
Según la investigación, los sobornos habrían sido canalizados a través de sociedades offshore, intermediarios financieros y cuentas en el extranjero, con el objetivo de asegurar adjudicaciones y facilitar pagos irregulares.Parte de los fondos devueltos al Estado corresponde al pago parcial de la multa impuesta a la constructora brasileña.
Las autoridades han documentado transferencias millonarias y la participación de empresarios, exfuncionarios y operadores financieros, configurando una red compleja de corrupción transnacional.
En el proceso judicial, el Ministerio Público sostiene que los fondos ilícitos afectaron directamente las finanzas públicas y distorsionaron los mecanismos de contratación estatal. Durante la etapa probatoria se incorporaron informes bancarios, testimonios, peritajes financieros y documentos internacionales que, según la Fiscalía, evidencian la existencia de una estructura organizada para el pago de coimas.
Las defensas, por su parte, han cuestionado la validez de algunas pruebas, la cadena de custodia de ciertos documentos y la interpretación de operaciones financieras realizadas hace más de una década. También han alegado presuntas vulneraciones al debido proceso y falta de pruebas directas contra algunos de sus representados.La fiscal Ruth Morcillo destacó los avances en la restitución de fondos y el impacto de los acuerdos alcanzados con imputados. Cortesía MP
La etapa de alegatos permitirá ahora que cada parte exponga de manera sistemática su interpretación del expediente, destaque las pruebas que considera determinantes y refuerce sus argumentos jurídicos. Para la Fiscalía, será el momento de solicitar formalmente condenas y sanciones, mientras que las defensas buscarán desacreditar las imputaciones y solicitar absoluciones.
Morcillo detalló que del total recuperado, alrededor de 74 millones 701 mil dólares corresponden al pago parcial de la multa impuesta a Odebrecht por la justicia panameña, mientras que otros 10 millones 692 mil dólares provienen de acuerdos alcanzados con imputados dentro del proceso penal.
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La fiscal subrayó que estos recursos representan uno de los mayores procesos de recuperación patrimonial vinculados a un caso de corrupción en el país, aunque advirtió que aún existen montos pendientes de definición judicial.
Adicionalmente, la funcionaria reveló que, de manera preliminar, el valor de los bienes, cuentas bancarias y recursos financieros aprehendidos durante el proceso oscila entre 26 y 27 millones de dólares, los cuales todavía están sujetos a decisiones judiciales.
Morcillo no descartó que la cifra final de recuperación sea mayor, tomando en cuenta procesos en curso y activos que permanecen bajo custodia del Estado. Cabe recordar que la multa total impuesta a Odebrecht en Panamá asciende a 220 millones de dólares, por lo que las autoridades continúan buscando mecanismos legales para ampliar la restitución de fondos públicos.
