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Desde su primera llegada a la Casa Blanca en 2017 hasta su segundo mandato iniciado en 2025, el presidente Donald J. Trump ha recurrido repetidamente a vetos migratorios que prohíben o restringen el ingreso de ciudadanos de países extranjeros en diversas etapas de su administración.
La primera gran acción de este tipo ocurrió apenas una semana después de asumir la presidencia en enero de 2017, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 13769, conocida como el travel ban o veto migratorio, que suspendió temporalmente la entrada de refugiados a Estados Unidos y prohibió la llegada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana considerados de “alto riesgo”: Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. La orden generó caos inmediato en aeropuertos y llevó a protestas masivas y desafíos judiciales en todo el país.
Debido a múltiples impugnaciones legales, esta primera orden fue revisada y modificada en marzo de 2017 mediante la Orden Ejecutiva 13780, que ajustó la lista de naciones vetadas y continuó restringiendo la entrada de varios grupos de nacionales extranjeros bajo argumentos de seguridad nacional.
En junio de 2018, una versión revisada del veto migratorio, conocida como Travel Ban 3.0, fue respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos, consolidando la política durante el resto del primer mandato de Trump y manteniendo prohibiciones para países como Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, entre otros.
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Tras la salida de Trump de la presidencia en 2021, estas prohibiciones quedaron revocadas por el presidente Joe Biden en su primer día de mandato, pero la política volvió con fuerza en 2025, cuando Trump regresó al poder.
El 4 de junio de 2025, Trump firmó una proclamación ejecutiva que restableció y amplió un veto migratorio, prohibiendo completamente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países y estableciendo restricciones severas para otros siete, citando nuevamente motivos de seguridad nacional, deficiencias en el control de pasaportes y tasas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visados.
Esta nueva lista afectó a naciones como Afganistán, Irán, Libia, Somalia y Sudán entre las totalmente vetadas, y aplicó limitaciones a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Las restricciones también incluyeron la suspensión de nuevos visados para los afectados fuera de Estados Unidos, aunque no revocaron los existentes.
La proclamación entró en vigor el 9 de junio de 2025, marcando la continuación de una política migratoria agresiva que resonó a nivel internacional y provocó críticas tanto internas como externas por su impacto en comunidades migrantes y relaciones diplomáticas.
A finales de diciembre de 2025, Trump emitió una segunda proclamación que amplió aún más el veto, añadiendo 20 países adicionales y la Autoridad Palestina, llevando el número total de países afectados a 39. Esta expansión entró en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y fue justificada bajo la misma autoridad legal para proteger “la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos”.
Las nuevas adiciones incluyeron países de África y Medio Oriente como Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria, mientras que otros como Nigeria o Tanzania pasaron de restricciones parciales a prohibiciones más estrictas.
Estas sucesivas medidas han generado un intenso debate político y judicial, con defensores que argumentan la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y críticos que señalan que tales vetos discriminan colectivamente a poblaciones enteras y dañan la reputación internacional de Estados Unidos.
