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Quito. - La Fiscalía de Ecuador informó este martes que abrió una investigación al juez Rubén Molina, quien emitió una orden de libertad a Jorge Glas, exvicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa y con dos condenas en firme por casos de corrupción.
La investigación fue abierta por "usurpación de funciones y simulación de funciones públicas", a raíz de una denuncia presentada por el director del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, al asegurar que el magistrado se encontraba inhabilitado de sus funciones en el momento que emitió esas resoluciones.
De acuerdo a la denuncia citada por la Fiscalía, Molina, juez en la ciudad de Portoviejo, emitió tres órdenes de excarcelación; entre ellas la de Glas, "cuando ya se encontraba inhabilitado, debido a que fue llamado a juicio en otra causa".
Las órdenes de excarcelación ya se encuentran en manos del servicio penitenciario (SNAI), encargado de administrar y controlar las prisiones; que advirtió que estos documentos presentan "varias inconsistencias".
El SNAI afirmó que el 8 de agosto se emitió una nueva orden de excarcelación para Jorge Glas "cuyo formato, sellos; y demás características propias del documento, difieren completamente del documento inicialmente emitido por el juzgador".
A razón de ello, el servicio penitenciario "ha solicitado el pronunciamiento acerca de la validez de dichas boletas de excarcelación".
"ANARQUÍA JUDICIAL" PARA EL GOBIERNO
Tras conocerse la decisión del juez Molina, de la ciudad de Portoviejo, el Gobierno manifestó su negativa a proceder con la liberación de Glas al considerar que existen varias irregularidades en el hábeas corpus concedido al exvicepresidente, y anunció que el Estado recurriría la decisión para evitar lo que tilda de "anarquía judicial".
Según el Ejecutivo, la decisión emitida a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo; pero el juez "la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo, sin que ellos hayan presentado la acción".
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Asimismo, el Gobierno reparó en que ni la Procuraduría, ni el servicio penitenciario estuvieron convocados; "y por tanto no pudieron participar en la audiencia, lo cual añade otra irregularidad".
También recordó que Glas ya había solicitado otro hábeas corpus que se encuentra en fase de apelación después de haber sido negado en primera instancia en la Corte Provincial de Pichincha, la jurisdicción correspondiente.
"ESCÁNDALO INTERNACIONAL" PARA ABOGADOS
La abogada Sonia Vera, integrante del equipo de defensa internacional de Glas que coordina Christophe Marchand, advirtió en un comunicado del estudio Ius Cogens que si el Gobierno no cumple con la liberación "sería un escándalo internacional".
Vera también sostuvo que "la negativa por parte del Estado podría quedar considerada como tratamiento inhumano y degradante" respecto al estado de salud del exvicepresidente.
Según la abogada, el estado de salud de Glas "es extremadamente grave e imposible de tratar en un entorno carcelario" y "la concesión del hábeas corpus es la única vía para garantizar los derechos que por ley le corresponden a todo preso, como es la atención a la salud".
ANULADO PRIMER HÁBEAS CORPUS
A Glas ya se le concedido un primer hábeas corpus en abril que le permitió salir en libertad 40 días hasta que la Corte de Justicia de la provincia costera de Santa Elena lo revocó, por no ser la jurisdicción correspondiente para tratar el asunto y por no haber notificado a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.
Sin embargo, Vera afirmó que hubo "interferencias de autoridades estatales"; que además llevaron al magistrado Diego Moscoso a quedar destituido por negligencia manifiesta por el Consejo de la Judicatura.
Glas, vicepresidente de Correa y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017; condenado en firme en dos casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel); y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con 8 años).
También quedó condenado por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el caso "Singue", que todavía está en fase de apelación.
El exvicepresidente siempre ha negado las acusaciones y ha denunciado una persecución política en su contra, mientras que su defensa ha argumentado que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido que su caso se tratara de manera excepcional por la "gravedad y urgencia" que corría la salud del imputado.
