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Santo Domingo.- Tras el reporte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Roberto Pastoriza y José Tapia, del ensanche Evaristo Morales, donde un vehículo Toyota Corolla impactó por la parte trasera a una jeepeta Mercedes Benz, provocando que esta cayera a una fosa profunda y dejando dos personas fallecidas, expertos en seguridad vial han afirmado que la mayoría de las constructoras violan la Ley No. 687, al no usar los muros de contención estipulados en la normativa.
El experto en seguridad, Amado Arias, destacó que "esta ley establece un sistema de elaboración de reglamentos técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y ramas afines". Según la normativa, el Estado debe asegurar que las instituciones estatales con atribuciones en estos ámbitos implementen un sistema de reglamentaciones técnicas que garanticen la seguridad de las estructuras, la preservación ecológica y otras normas relativas a obras de transporte y edificaciones.
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Sin embargo, en imágenes que se han viralizado del accidente que cobró dos vidas y dejó dos personas heridas, se observan solo algunos pilotillo y unas cuantas planchas de aluzinc.
Los fallecidos fueron identificados como Roberto Encarnación Díaz y Victoria Reyes.
En tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de sus departamentos correspondientes, pueden ordenar la suspensión de toda obra en ejecución que incurra en una de las siguientes violaciones, cuando se trate de un proyecto en ejecución que, a consecuencia de una de las violaciones señaladas, presente elementos que atenten contra la seguridad pública.
Asimismo, el geólogo Osiris de León explicó que "no es la magnitud del impacto del choque, es la magnitud del impacto de la caída en el foso, si el foso no hubiese estado ahí eso no hubiera pasado de un simple choque con una abolladura reparable".
Añadió que, debido a la multiplicación de excavaciones profundas en el país, algunas de las cuales han alcanzado hasta 20 metros de profundidad y otras han permanecido abandonadas durante décadas, han planteado a las autoridades, a través de los medios de comunicación, que se asigne un plazo de seis meses para retirar los permisos de construcción y obligar a rellenar los huecos generados. Esto con el objetivo de proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos ante cualquier acontecimiento.
El reciente accidente ha avivado el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de que sean cumplidas todas las normativas establecidas para prevenir este tipo de tragedias.
A raíz de esto, los expertos en la materia han subrayado que las leyes deben ser estrictamente aplicadas en todas las constructoras para proteger la vida de los individuos y que, de no ser así, los responsables deben responder ante la justicia.
