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Santo Domingo.– La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Primera Instancia del Distrito Nacional, conocerá este lunes 14 de julio, a las 9:00 a.m., una audiencia virtual sobre la demanda interpuesta por la empresa Eme Productions S.R.L. contra el Ministerio de Turismo, su titular David Collado y varias instituciones públicas y privadas por supuesta violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.
La empresa alega que las entidades utilizaron sin autorización las obras tituladas “Aquí promovemos el país” y “República Dominicana: un país especial; historia, cultura y turismo”, cuya autoría asegura corresponde a Eme Productions. Estas obras forman parte de una campaña de promoción internacional de la marca país.
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Además del Ministerio de Turismo y su titular, la demanda incluye a la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ProDominicana, la empresa Made in Spain S.R.L. y miembros de la comisión multisectorial creada mediante el Decreto 466-20.
Los abogados Johnny Rodríguez y Norberto Báez, representantes de Eme Productions, indicaron que han presentado al tribunal cientos de pruebas físicas y digitales que demostrarían el origen de las obras y las supuestas mutilaciones cometidas desde su creación en 1994. Las obras están registradas desde 2005 y 2012 ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor.
Reclaman indemnización y denuncian irregularidades
La empresa también cuestiona que Made in Spain S.R.L., contratada para gestionar campañas de publicidad del Ministerio de Turismo con una inversión que, según afirman, supera los 54 millones de dólares, tenga como objeto social la exportación de productos agrícolas. Esto, según los demandantes, viola la Ley 340-04 sobre contrataciones públicas.
Francisco Morillo, presidente de Eme Productions y creador de las obras, señaló que la demanda se ha venido trabajando desde 2020 y acusó a los demandados de ignorar deliberadamente el proceso.
“El caso tendrá graves implicaciones para el país, afectando a artistas, artesanos, creativos y técnicos que participaron en el desarrollo de las obras. No entendemos cómo una nación que promueve la seguridad jurídica como pilar para la inversión extranjera se ve envuelta en este tipo de violaciones”, advirtió Morillo.
La empresa afirma haber notificado la situación a organismos internacionales de protección a la propiedad intelectual, y confía en que el tribunal emitirá una sentencia justa.
