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Barahona.- El juez Manuel Emilio González, presidente de la Segunda Sala Civil y Comercial del Distrito Judicial de Barahona, aplazó para el 9 de diciembre la audiencia relacionada con el conflicto legal que involucra a más de 250 familias desalojadas del sector La Fruta, en el municipio de Villa Central, Barahona.
El aplazamiento se produjo a solicitud de la barra de abogados que representa a la familia Díaz, encabezada por el jurista Freddy Vargas. Mientras tanto, Carlos González, representante legal de las familias afectadas, expresó que la situación no permite esperar hasta el 15 de enero de 2026, fecha fijada para conocer una demanda por daños y perjuicios tras la destrucción de las viviendas.
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González explicó que la audiencia de este miércoles buscaba impedir que maquinaria pesada regresara al área mientras continúa el juicio de fondo. Señaló que se solicitó al tribunal fallar a favor de las familias, advirtiendo que la justicia debe actuar para evitar una tragedia mayor.
Reclamos y tensiones durante la vista
Radhamés Cedeño “Memen”, secretario general de la Asociación Manuel Mateo, denunció que el acceso al Palacio de Justicia fue restringido, lo que generó tensión entre los comunitarios que esperaban respuestas.
Afirmó que los residentes de La Fruta solo buscan que se reconozcan los derechos adquiridos por la comunidad, que ocupa esos terrenos desde inicios de los años 2000, y como organización desde hace más de 29 años.
Víctor Manuel Feliz, dirigente comunitario y presidente de la Asociación Manuel Mateo, advirtió que, si las autoridades no responden a sus reclamos, la comunidad las castigará en las elecciones presidenciales de 2028. Señaló directamente al presidente Luis Abinader, asegurando que “si no apoya a la comunidad, la comunidad tampoco lo apoyará”.
Agregó que los terrenos en disputa “no son para los ricos”, afirmando que históricamente pertenecen al Estado y deben ser destinados a familias de escasos recursos.
Piden intervención presidencial
Feliz informó que han entregado múltiples cartas al presidente Abinader solicitando la designación de un representante que investigue la situación de manera objetiva.
Por su parte, Jorge Medina Medina, un adulto mayor afectado por el desalojo, aseguró que el proceso constituye una violación impulsada por personas con poder dentro del Estado, quienes —según dijo— buscan apropiarse de la zona mediante maniobras fraudulentas. Denunció que entre los afectados hay madres solteras y familias vulnerables que construyeron sus viviendas con grandes sacrificios, y recordó que ya se han producido dos muertes relacionadas con el conflicto.
Durante la jornada, la sede del Palacio de Justicia permaneció abarrotada por cientos de padres y madres que exigen que el tribunal haga justicia y proteja su derecho a permanecer en los terrenos que ocupan desde hace décadas.
