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Santo Domingo.– Una madre desesperada, un niño sin paradero claro y un proceso judicial cargado de irregularidades. María de los Milagros de los Santos Mercedes, residente en Santiago de los Caballeros, denuncia que su hijo fue retirado de su hogar el pasado 6 de febrero por una fiscal del sistema de protección infantil, sin que mediara, según afirma, una orden judicial.
“Desde ese día no lo he vuelto a ver. Pasó el Día de las Madres, su cumpleaños… y yo sigo sin respuestas”, declaró con voz entrecortada al programa Bajo El Foco, donde se dio a conocer el caso.
Según su abogado, Bernardo Encarnación, la fiscalizadora Yerlina —adscrita a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes— habría entrado al hogar de María sin notificación previa y sin orden judicial, llevándose a su hijo menor de edad bajo el alegato de una medida de protección. “Eso es una actuación irregular. No se respetaron los procedimientos establecidos por la ley”, sostuvo el jurista.
Encarnación vincula este caso con un proceso judicial anterior que involucra a una hija de María, quien habría sido víctima de violación en 2018 dentro del centro educativo María Teresa de Calcuta Fe y Alegría. La madre asegura que el agresor fue empleado de la escuela y pariente de la directora, Evelina Altagracia Rodríguez, quien supuestamente impidió que los hechos salieran a la luz.
“El caballero fue sentenciado a 15 años de prisión, pero la directora fue beneficiada. A pesar de que el tribunal estableció que actuó con negligencia, continúa en funciones e incluso habría amenazado a la niña para que no hablara”, denunció el abogado.
María asegura que, tras este hecho, intentó inscribir a sus otros hijos en esa misma escuela —ubicada frente a su vivienda—, pero la directora les negó el acceso. Aunque obtuvo una sentencia favorable mediante un recurso de amparo en 2022, que ordenaba al Ministerio de Educación inscribir a los menores, la negativa persistió.
En 2023, según el abogado, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) inició una acción legal contra María, acusándola de no enviar a sus hijos al colegio. La jueza acogió la demanda, pero ordenó que los menores permanecieran bajo su tutela. No obstante, el 6 de febrero de 2024, la fiscal se presentó nuevamente al hogar y se llevó a su hijo de 11 años.
Desde entonces, María no ha tenido contacto físico con el menor, y solo ha sido autorizada —según Conani— a mantener comunicación por videollamada. La institución declaró que no divulga la ubicación de los hogares de paso para proteger a los menores y aseguró que la madre puede acercarse a sus oficinas para coordinar las llamadas.
En respuesta a la situación, CONANI indicó a Bajo El Foco que los demás hijos de María figuran como inscritos en el centro educativo correspondiente, e invitó a la madre a integrarlos formalmente.
Mientras tanto, María continúa pagando transporte y sala de tareas para sus otros hijos, a pesar de no contar con ingresos fijos. “Yo solo quiero que me devuelvan a mi niño, y que mis hijos puedan ir a la escuela que está justo frente a mi casa. Le pido a la primera dama que por favor intervenga”, clamó.
El abogado Encarnación advierte que seguirán agotando todas las vías legales, pero cuestiona que una directora señalada por omisión en un caso de abuso sexual infantil aún se mantenga bloqueando el acceso a la educación de los hijos de la denunciante.
“Este caso no puede ser ignorado. No solo hay un menor separado de su madre sin explicaciones claras, también hay una historia previa de violencia, negligencia y represalias institucionales”, concluyó.
