English
Santo Domingo.– Las propuestas de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) han encendido las alarmas en el sector ambiental, debido a lo que expertos consideran omisiones críticas en la reforma.
Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias, advirtió este jueves en declaraciones para De Último Minuto que, si bien es necesario actualizar la legislación, el enfoque legislativo actual deja de lado aspectos fundamentales para garantizar su efectividad.
Te puede interesar: Día de Leyendas 2023
Entre los puntos que, según Carvajal, no están siendo debidamente abordados, destacan la falta de un calendario para eliminar los plásticos de un solo uso, la ausencia de disposiciones claras para evitar monopolios en el sector, y la necesidad de establecer mecanismos sólidos de transparencia en la gestión de los recursos derivados de la ley.
“El país necesita una ley con dientes y garras. En su estado actual, esta normativa carece de herramientas efectivas para sancionar a los infractores”, señaló Carvajal, al tiempo que insistió en que se debe aplicar un sistema de fiscalidad justo que grave a quienes generan mayores volúmenes de residuos.
También llamó a fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos locales a través de una distribución de recursos que tome en cuenta las realidades de cada municipio, sin caer en prácticas discrecionales.
En consonancia con esta postura, la Fundación Acción Verde envió una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al diputado Juan Medina, presidente de la comisión que estudia la reforma. La entidad, presidida por Sterling Ureña, reconoció la necesidad de revisar la ley, pero insistió en que el proceso debe ser abierto a recomendaciones que mejoren su eficiencia y sostenibilidad frente a la crisis climática.
Entre sus principales propuestas se encuentra la prohibición, en un plazo máximo de dos años, de la producción y comercialización de productos como el poliestireno expandido (foam), sorbetes y palillos plásticos, bandejas plásticas tipo "chicharritas", bolsas no reciclables y envases PET con elementos incompatibles con el reciclaje.
También plantean una reducción progresiva en la compra de envases desechables no reciclables por parte del Estado. La meta sería que al menos el 20 % de los empaques estatales sean reciclables o renovables en el primer año, aumentando al 100 % en tres años.
Otro punto clave es la propuesta de reformar el artículo 57 de la ley para incorporar un “valor de recuperación” obligatorio en los plásticos de consumo masivo, con el fin de fomentar su recolección y transporte hacia centros de coprocesamiento.
Tanto Carvajal como la Fundación Acción Verde coinciden en que el país requiere una legislación más robusta, con criterios técnicos y ambientales firmes, capaz de responder a los desafíos actuales en materia de residuos y sostenibilidad.
