Los sectores externos de los partidos o candidatos, son una especie de cambio de fuerza o 4x4 que los partidos necesitan aplicar para sumar voluntades ajenas al partido a la causa, sobre todo para un partido o candidato en reelección, ya que el sector externo viene a compensar el desgaste natural de un primer periodo y poder lograr un 50+1 de los votos para mantenerse en el poder.
"Convencer" a movimientos políticos, gremios profesionales, sindicales, empresariales y organizaciones comunitarias, campesinas y hasta religiosas para que apoyen a un candidato cuesta mucho dinero, y es probablemente la razón por la cual tanto el coordinador del poderoso sector externo que acompañó al expresidente Danilo Medina como el del actual presidente Luis Abinader, han terminado imputados en casos relacionados a corrupción y malversación de mucho dinero público.
Eso explica también, el porqué los coordinadores de sectores externos terminen designados en instituciones que manejan muchos recursos cuando llega al poder el candidato que apoyaron.
Donald Guerrero, quien fungió como coordinador nacional del Sector Externo que apoyó al expresidente Danilo Medina y al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, fue designado como ministro de Hacienda tras una exitosa carrera en el sector financiero y automotriz privado.

Guerro, quien logró sumar cientos de movimientos en apoyo a Danilo Medina para la campaña del 2016, fue investigado y se encuentra imputado como parte de un entremado de corrupción que malversó más de RD$21 mil millones según la acusación del Ministerio Público.
Santiago Hazim, un exitoso médico y empresario de la salud e íntimo amigo del presidente Luis Abinader, fue designado al frente del Seguro Nacional de Salud (SENASA), tras haber dirigido exitosamente el Sector Externo "OLA Abinader" para las campañas del 2020 y la reelección del 2024.
Actualmente, Hazim enfrenta imputaciones por haberse malversado más de RD$15 mil millones de SENASA bajo su administración.
Estas situaciones, que no son exclusivas de un candidato o partido, sino más bien propias del sistema actual, obliga a reflexionar sobre el costo de las campañas electorales y sus consecuencias para la administración pública.






