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Santiago, R.D.– Con pancartas, consignas y un reclamo unánime de justicia ambiental, residentes del residencial Don Nicolás Vargas de Santiago realizaron este martes una marcha pacífica para exigir la intervención urgente del Gobierno frente a los daños provocados por la Constructora Estrella en la zona.
Bajo la consigna “¡Que se vayan ya!”, la manifestación fue encabezada por la Junta de Vecinos El Samán, junto a líderes comunitarios y religiosos, quienes denunciaron que la empresa opera sin consentimiento de la comunidad y ha generado un severo impacto ambiental en la zona.
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Carlos Sánchez, presidente de la junta vecinal, acusó a la empresa de contaminar el río Yaque del Norte, afectando su fauna, flora y calidad de agua. “Esto es como un cáncer en el pulmón verde de nuestra comunidad. Estamos siendo invadidos por ruido, polvo y un constante tránsito de camiones pesados que han destruido nuestra calle principal”, manifestó.
El líder comunitario también advirtió que las vibraciones causadas por las operaciones de la empresa están debilitando el puente local, una estructura vital para la conectividad de miles de familias.
Según los moradores, el daño ecológico ha sido posible por la supuesta complicidad de Germán Blanco, propietario del Cementerio Jardines del Recuerdo, a quien señalan de permitir el acceso de la constructora sin consultar a la comunidad.
Además, acusan a la familia Vargas de autorizar el paso de vehículos pesados por su propiedad para explotar los recursos del río como si se tratara de un pozo privado, dejando una estela de destrucción en el afluente.
“La comunidad está bajo asedio. Los árboles se marchitan y el río llora ante la indiferencia de las autoridades”, expresó Sánchez con tono enérgico.
Los residentes advierten que, de no recibir respuesta por parte del Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno central, intensificarán sus protestas. “La paz tiene su precio, y ya lo hemos pagado con suficiente silencio”, dijeron.
La comunidad exige la retirada inmediata de la Constructora Estrella y responsabiliza a las autoridades por las consecuencias que puedan derivarse de la falta de acción.
