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En los últimos tiempos, la política dominicana ha experimentado una vertiginosa transformación, marcada por la presencia de figuras empresariales que van ocupando espacios que antes estaban dedicados a líderes políticos o a personas con arraigo partidario. Los empresarios en la actividad política están pasando de ser patrocinadores a convertirse en actores. Ya no están solo detrás del telón moviendo los hilos, sino también como protagonistas de primera línea, tanto en la oposición, cuando les toca, como en el oficialismo, una vez los partidos en los cuales invierten tiempo y dinero alcanzan el poder.
Este comportamiento, que podríamos calificar como la privatización de la política, ha encontrado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) un acomodado y lujoso espacio que, sin reparos ni resistencia, han ocupado, desplazando a la dirigencia y a la militancia de esa organización política. La incorporación al tren gubernamental de técnicos y empresarios le ha dado al Gobierno de Luis Abinader una especie de administración corporativa con la que el primer mandatario parece sentirse muy a gusto.
Es justo reconocer que la tecnocracia consensuada entre el presidente de la República y los empresarios ha traído aportes significativos a la administración perremeísta. Sin embargo, quienes han pagado el alto precio han sido los militantes de esa organización política, que esperaban ver, con su llegada al poder, la culminación de una sequía opositora de 16 años.
Pues es bien sabido que, aunque el PRM es un partido ensamblado, su base y su dirigencia media vinieron en mudanza del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), liderado entonces por los “viejos robles” Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, Ramón Alburquerque, entre otros.
Carolina Mejía, David Collado y Raquel Peña
El 2028 será crucial para la política dominicana. En el caso del PRM, que aspira a retener el poder, tendrá que ir a las elecciones con una figura que será candidata o candidato por primera vez. Desde que Luis Abinader anunció su decisión de no volver a postularse —la cual ratificó con la reforma constitucional y su famosa duplicidad de candados— empezaron a tomar mayor relevancia los proyectos presidenciales dentro del partido, siendo los más destacados los encabezados por Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnaud y Eduardo Sanz Lovatón.
Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general de esa organización, se ha convertido en una figura clave de la política dominicana. Su experiencia en la administración municipal, junto a su arraigo partidario, su conexión con la militancia y la base de su partido, le otorgan una alta posibilidad de encabezar la boleta perremeísta en el 2028. Una gran parte de sus compañeros de partido ve en ella una oportunidad de volver a ganar las elecciones y de ser parte del Gobierno.
Por su parte, David Collado representa un caso muy singular en nuestra política partidaria. Exalcalde del Distrito Nacional y actual ministro de Turismo, Collado ha proyectado un perfil de eficiencia, trabajo y modernidad, respaldado por un sólido posicionamiento público y una potente maquinaria mediática. Su eventual candidatura presidencial estaría sustentada en su imagen pública, lo cual plantea un dilema, sobre todo para el PRM: ¿estarían eligiendo como candidato a un líder político o a un embajador de marca?
La vicepresidenta Raquel Peña habló recientemente de su “sueño por ser presidenta”, generando con ello diversas opiniones alrededor de su figura y de una posible aspiración para el 2028.
Esta distinguida dama, poseedora de amplia experiencia en la academia y con un sólido arraigo empresarial, ha sido una figura clave en la gestión del actual gobierno, destacándose por su manejo en diferentes áreas de esta administración. Sin embargo, sus posibles aspiraciones a la presidencia generan cuestionamientos sobre la verdadera representación social y política de los dominicanos, y sobre todo de los perremeístas. ¿Responde Raquel Peña a una visión de país pensada en la colectividad, o a una lógica corporativa?
Al abrir o ceder los espacios al empresariado, la política dominicana corre el riesgo de convertirse en una plataforma para las visiones y estrategias de gerencia privada, renunciando a su naturaleza de representación y transformación social. Por su parte, el liderazgo y la militancia del PRM tiene la responsabilidad de retener el partido o de endosarlo a la privatización.
La privatización de la política nos llevaría a tener gobernantes y representantes que tomarían decisiones de Estado y elaborarían políticas públicas basadas en la lógica empresarial y en los intereses privados. El ejercicio político sería sustituido por una visión capitalista de generación de riquezas y ascenso social. Si las aspiraciones presidenciales pasan a ser competencias entre empresarios, la política pierde su esencia y deja de ser un instrumento para la transformación social y la justicia colectiva.
Los dominicanos deberíamos reflexionar sobre qué tipo de liderazgo necesita nuestro país. No se trata de anular ni rechazar la participación de figuras del empresariado en la política, ni de prescindir del manejo técnico en áreas importantes de la administración pública. Se trata de procurar que quienes decidan participar también asuman un compromiso social y colectivo más allá de generar riquezas, y que además sean militantes de los principios democráticos y del Estado de derecho. La privatización de la política podría traer consigo graves consecuencias para la democracia dominicana.
