miércoles, enero 7, 2026
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Peledeístas vuelven a provocar caos en su afán por llegar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

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La Policía Nacional enfrentó con bombas lacrimógenas a manifestantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que querían acercarse al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para protestar en apoyo a sus compañeros que están acusados en la Operación Calamar, una red que supuestamente desfalcó al Estado por más de 19 mil millones de pesos.

Como ocurrió la semana pasada, tan pronto finalizó la reunión de la alta dirigencia del PLD, la militancia de esta organización política trató de llegar a la edificación de justicia, pero fue impedida por los uniformados, desatándose el caos en la zona.

El pasado lunes, en el primer intento de conocerle medida de coerción a los altos dirigentes del PLD, cientos de manifestantes causaron un desorden frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al querer entrar “a la mala” al lugar, lanzando objetos que destruyeron las puertas y ventanas de cristal.

Esta vez, los uniformados ampliaron la zona de acción y cercaron a parte de los manifestantes que se encontraban frente a la Casa Nacional del PLD donde llegaron las bombas lacrimógenas.

Ante esta situación, el miembro del Comité Político, Danilo Díaz, tildó como un atropello a la democracia el lanzamiento de bombas lacrimogenas por parte de las autoridades a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, cuando simpatizantes se disponían a marchar hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

"Claramente es un atropello de este gobierno que confirma va encaminado a un régimen", precisó.

No valieron los consejos del secretario general de ese partido morado, Charlie Mariotti, para que los peledeístas suspendieran la marcha hacia el l Palacio de Justicia.

Pese al llamado de la dirigencia, los simpatizantes insistieron en llegar hasta las instalaciones de justicia.

Los disturbios obligaron a que los dueños de negocios en los alrededores de la Casa Nacional y la zona del Palacio de Justicia cerraran sus puertas por temor a las manifestaciones.

También, un vehículo propiedad de la regidora de Bonao, Fiordaliza Pichardo, fue alcanzado por las bombas que se utilizaron para dispersar a la multitud.

De inmediato, miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional dieron asistencia al vehículo que se incendio producto de una bomba lacrimógena.

Medida de coerción Caso Calamar

La intención de los manifestantes del PLD era llegar hasta el Palacio de Justicia, donde se le conocía medida de coerción a varios compañeros de partido que ocuparon importantes cargos en el pasado gobierno de Danilo Medina.

El expediente acusatorio del Ministerio Público de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

Entre los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación. 

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal. 

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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