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Santo Domingo. - El exprocurador de la República Francisco Domínguez Brito y legisladores juristas, han advertido que el nuevo Código Procesal Penal podría aumentar la impunidad y el hacinamiento carcelario.
De acuerdo a Domínguez Brito, existen “serias preocupaciones” sobre el proyecto de reforma al Código Procesal Penal que fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, al considerar que la propuesta “no endurece la lucha contra el crimen” y podría agravar problemas estructurales del sistema de justicia.
A juicio del exfuncionario, el texto en debate “es bastante flojo” y, lejos de agilizar los procesos judiciales, los hará “más lentos de lo insoportablemente lentos que ya eran”. Señaló además que el costo de la justicia penal aumentaría, lo que impactaría directamente a los sectores más vulnerables.
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Domínguez Brito agregó que la reforma provocaría un incremento en la cantidad de internos preventivos, llenando aún más las cárceles del país con personas de escasos recursos acusadas de delitos menores. Sin embargo, afirmó que el mayor riesgo es que la normativa mantenga espacios de impunidad para el crimen organizado, los atracadores y estructuras delictivas que afectan la seguridad ciudadana.
“El proyecto no se concentra en los verdaderos problemas de la justicia ni plantea soluciones reales”, precisó.
En ese sentido, el diputado Carlos de Pérez, mostró especial preocupación por la modificación del artículo 377 en el numeral 6, que consideró “va a tener una impacto negativo en los sujetos procesales”.
El legislador cuestiona la facultad otorgada al Ministerio Público para aplicar criterios de oportunidad cuya decisión, según el texto, no puede ser objetada por las partes. A su juicio, esta cláusula coloca al imputado en una situación de vulnerabilidad, pues limita su capacidad de cuestionar decisiones que podrían afectar directamente el curso de su proceso penal.
De Pérez sostiene que esta disposición abre espacio para decisiones unilaterales del Ministerio Público que podrían no responder a los intereses de justicia del procesado ni garantizar la transparencia del procedimiento. Por esto considera que la norma debería revisarse para asegurar un equilibrio entre la estrategia de persecución penal y las garantías procesales de los ciudadanos.
De su lado el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Paz, consideró que se necesita más tiempo en la Cámara Baja para regular de forma correcta la pieza con la finalidad de garantizar procesos más cortos.
“Necesitamos que el proceso sea mucho más corto, el derecho a la libertad es fundamental para la vida en sociedad, entonces nosotros necesitamos regularlo (El CPP), de manera correcta y establecer las formas para que los procesos no sean interminables. En todos los códigos procesales del mundo lo que buscan es que los procesos sean más cortos, que se administre justicia pero de manera equitativa para todos”, explicó Mariotti Paz.
Discusiones continúan esta tarde
Las discusiones sobre la iniciativa continuarán este martes en horas de la tarde, con el objetivo de seguir avanzando en su aprobación antes de que venza el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, fijado para el 12 de diciembre.
La aprobación en primera lectura contemplan más de diez modificaciones planteadas por los legisladores.
El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, destacó que la reforma busca dotar al país de un marco procesal penal actualizado, más eficiente, transparente y acorde con las realidades actuales, con la intención de reforzar la administración de justicia.
