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Santiago de Chile.- Una comisión de la Cámara de Diputados de Chile declaró improcedente este lunes el juicio político contra la ministra del Interior, Izkia Siches, acusada por un grupo de ultraderecha de responder de manera "tardía" ante la creciente violencia en el sur y la crisis migratoria en el norte.
Con tres votos en contra, uno a favor y una abstención, el comité revisor se mostró en contra de que continúe el libelo emitiendo un informe, sin carácter vinculante, que servirá de recomendación para la deliberación en el pleno de la Cámara Baja, que tendrá lugar este martes.
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El pasado 16 de junio, una decena de diputados del Partido Republicano (ultraderecha) ingresó la acusación constitucional contra Siches, procedimiento que podría terminar en su destitución o inhabilitación en caso de concitar apoyo de la mayoría en ambas cámaras.
Entre los motivos de la interpelación está "comprometer gravemente la seguridad de la Nación" y responder de manera "tardía, insuficiente y acotada" frente a los hechos de violencia en el sur, donde existe un enquistado conflicto territorial entre grupos de indígenas mapuche, el Estado y grandes forestales, que ha experimentado una escalada de violencia.
Asimismo, la señalaron de "entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados (...)" sobre temas como la "expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional y las víctimas civiles en La Araucanía (sur)".
El texto también critica al Ejecutivo por haber supuestamente dejado sin aplicación la nueva Ley de Migración que promulgó el anterior Gobierno, del conservador Sebastián Piñera, "comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (norte)".
Esta zona del país, que colinda con Bolivia y Perú, experimentó este año y en 2021 una masiva entrada de migrantes irregulares que provocó una fuerte crisis, con el colapso de varias localidades fronterizas y ataques xenófobos.
En Chile, las autoridades de Gobierno y altos funcionarios públicos pueden ser "acusados constitucionalmente" hasta seis meses después de dejar sus cargos, una fórmula que puede terminar en su destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años.
