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Londres.- El Gobierno de Irán ejecutó en los primeros cinco meses de este año a, al menos, 173 personas condenadas por delitos de drogas tras juicios "sistemáticamente injustos", según denunció Amnistía Internacional (AI).
Esa cifra casi triplica a la registrada el pasado año durante ese mismo periodo, advirtió la organización humanitaria, que precisó que las ejecuciones por ese tipo de delitos afectan, sobre todo, a personas "de entornos marginales y económicamente desfavorecidos".
Asimismo, AI recordó que casi el 70 % de todas las ejecuciones ordenadas por el régimen de la República Islámica entre los pasados meses de enero y mayo fueron "por delitos de drogas".
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"Aproximadamente, el 20 % de las ejecuciones registradas han sido de personas de la empobrecida y perseguida minoría étnica baluchi de Irán, a pesar de que sólo el 5 % de la población iraní pertenece a ella", explicó en un comunicado.
La organización subrayó que este incremento del número de condenas de muerte viola "el derecho internacional" y pone al descubierto la "falta de humanidad" de las autoridades de Teherán, así como "su flagrante desprecio por el derecho a la vida".
"La comunidad internacional debe asegurarse de que la cooperación en iniciativas de lucha contra el narcotráfico no contribuye, directa o indirectamente, a la privación arbitraria de la vida y a otras violaciones de los derechos humanos en Irán", señaló en la nota Diana Eltahawy, directora adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África.
Los delitos de drogas
La activista instó a los Estados y organismos intergubernamentales a condenar a las autoridades iraníes "en los más enérgicos términos" por estas "ejecuciones arbitrarias" y a exigir "una moratoria oficial de todas las ejecuciones".
También deben enviar, prosiguió, representantes para que visiten a las personas presas condenadas a muerte y solicitar su presencia en los juicios sobre delitos castigados con la pena capital.
En general, Irán ha aumentado "significativamente" el número de ejecuciones por todos los delitos, que asciende a, al menos, 282 en el año hasta finales de mayo, lo que "casi duplica" la cifra registrada en ese mismo periodo del año pasado.
"Si continúan con este ritmo alarmante de ejecuciones en general, a final de este año el número de presos y presas ejecutados podría sumar casi un millar", avanzó AI.
El informe publicado hoy recoge testimonios de condenados a muerte por delitos de drogas que revelan las irregularidades del proceso "sistemáticamente injusto" que siguen los llamados "Tribunales Revolucionarios", fruto de investigaciones "deficientes de la policía y otros cuerpos de seguridad".
Según AI, a las personas acusadas se les niegan sus derechos procesales, incluido el acceso a representación letrada legal, y se utilizan "confesiones" obtenidas bajo tortura como prueba para declararlas culpables.
"En los 'Tribunales Revolucionarios', los jueces te preguntan si la droga es tuya y da igual que digas que sí o que no. En mi juicio, el juez me dijo que me callara cuando dije que no era mía. Me dijo que estaba condenado a muerte y me ordenó firmar un documento aceptando la condena. Ni siquiera dejó que mi abogado hablara en mi defensa", relató un condenado a AI.
