Cuando se cumplen 10 años del comienzo de las protestas de 2014 en Venezuela, en las que perdieron la vida 43 personas, Derek Redman lamenta que no se haya hecho justicia por el asesinato de su único hijo, Robert, quien recibió un balazo aquel 12 de febrero, primer día de ‘La Salida’, como se llamó a la oleada antigubernamental, que duró tres meses.
«No hay nadie preso por el asesinato de mi hijo y yo lo he aceptado, no puedo hacer nada para que capturen a los que mataron a mi hijo», comenta con resignación -como muchos otros familiares de víctimas- el hombre, a sus 87 años de edad.
La víctima, piloto de avión de 31 años y abiertamente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, fue testigo de los dos primeros asesinatos de ‘La Salida’, en una manifestación en Caracas, convocada por líderes estudiantiles y representantes del antichavismo.
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En las primeras horas de la revuelta, Robert ayudó a cargar al joven Bassil Da Costa, herido de muerte, hasta el punto de atención médica, donde no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Fue la primera víctima mortal.
Más tarde, ya en casa, su padre lo vio manchado con sangre del fallecido y con heridas causadas por los perdigones que disparó la Policía, lo que no impidió que volviera a salir, de noche, a otra manifestación.
La protesta nocturna en la que participó fue disuadida a disparos por un grupo de hombres que no fueron identificados, pese a que múltiples medios coincidieron en asegurar que eran policías.
La siguiente vez que Derek Redman vio a su hijo fue en la morgue, con la cabeza atravesada por una bala que, 10 años después, la Justicia asegura no saber quién disparó.
El piloto se convirtió en la tercera víctima letal -después de Da Costa y Juan Montoya– de la represión ese día, que cerró con 66 heridos graves -17 policías o militares y 49 civiles-, una mecha que encendió el país por las siguientes doce semanas.
Una muerte impune
Por el caso de Redman fueron detenidos unos policías pero ninguno fue sentenciado, según explica su padre a EFE.
«He podido aceptar el caso, porque a él no lo voy a revivir (…) conociendo la Justicia en este país, cómo funciona, es un poco difícil lograr una investigación tan profunda», dice el octogenario, que repite sin cesar su resignación.
Padre e hijo habían participado juntos en numerosas manifestaciones antichavistas y, cuando se extendió el llamado a conmemorar el Día de la Juventud en una movilización, ninguno de los dos dudó en lanzarse a la calle, como miles de venezolanos.
Derek Redman está «cansado» de hablar con los medios sobre «lo mismo». El recuerdo de su hijo sigue vivo en su mente, en las fotografías y en una placa de reconocimiento que fue develada en una cancha deportiva de Caracas.
Contando los días
Jhony Montoya, de 59 años, denunció en innumerables ocasiones que su hermano Juan -simpatizante oficialista convertido en opositor- cayó muerto producto de una confabulación entre miembros de un colectivo chavista el 12 de febrero.
El hombre, que explicó a que uno de ellos fue condenado a 26 años solo como un «parapeto de justicia», lleva la cuenta de los días transcurridos desde el «asesinato impune» de Juan, cuya última tarea, como parte de la «Inteligencia de la Policía de Caracas», fue comprobar que los estudiantes no tenían armas en la manifestación, último mensaje que transmitió por radio.
«No hubo ninguna investigación, no hubo ningún allanamiento, no hubo ninguna retención de armas, no hubo ninguna detención, no hubo nada», repite Jhony al referirse a la libertad de la que gozan «los otros cuatro cómplices».
Igual que Redman, cree que «no puede haber» justicia «mientras siga esta situación política y este régimen», en alusión al Gobierno.
Aunque la vida continuó para casi todos, los familiares de los 43 venezolanos que murieron en 2014 son el testimonio indeleble de la violencia que se desató entonces y que se repitió en 2017, cuando el saldo mortal se triplicó, así como las denuncias de impunidad.
El fiscal general, Tarek William Saab, en el cargo desde 2017, asegura que no el Estado no ha dejado de investigar los asesinatos perpetrados en las protestas y que los responsables identificados cumplen condena.
Saab rechaza los señalamientos de organismos internacionales que aseguran que se cometieron crímenes de lesa humanidad que no fueron atendidos por la Justicia, y reitera que el Estado no ha dejado de investigar los hechos, con el objetivo de identificar y juzgar a los culpables.
