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Redacción.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción número dos del Distrito Nacional, Tobías Crespo, reintrodujo un proyecto de ley con el objetivo de reducir las contravenciones de tránsito en un 75 %, desde 2,500 pesos la más baja de las leves y hasta 17,500 pesos la más alta de las muy graves, que si cumplen con los principios de racionalidad y proporcionalidad.
“También como parte de esas cambios se introducirá una modificación que estudiará el tema de la prescripción de las multas según esta establecido en el Código Penal y el Procesal Prnal y no en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana como erróneamente están las autoridades confundiendo a la ciudadanía, explicó.
Tobías Crespo, aprovechó la ocasión para llamar a la ministra de Interior, la Digesett, el INTRANT y la Procuraduría General de la República y demás autoridades hacer cumplir la ley 63-17, ante la creciente ola de accidentes de tránsito que están llevando el luto a muchos hogares y familias.
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“No hay que modificar la ley 63-17 para poner la palabra obligatorio porque los mandatos de la ley son órdenes de ejecución de parte de las autoridades. El perro que se persigue la cola, nunca se la alcanza. Le recuerdo que la ley tiene 5 medidas coercitivas para el pago de la multa; no se puede renovar la licencia de conducir, no puedes renovar la placa, no puedes hacer el traspaso del vehículo si lo vendes, no puedes renovar la póliza de seguros y tampoco puedes realizar ni tener la certificación de Inspección Técnica Vehicular, o se la revista”, indicó.
El congresista, quien es el autor de la Ley 63-17, dijo que la Procuraduría General de la República ha mostrado incapacidad en el manejo y cobro de las multas, mientras la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto de Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) también han sido incapaces en hacer cumplir la ley.
“Todas estas instituciones lo que tienen que hacer es cumplir con su deber, y no lo están haciendo, por eso usted ve que a diario se producen accidentes lamentables en las vías. Tienen que velar por su cumplimiento, si no lo hacen continuará esta pandemia que hay de incidentes de tránsito en nuestras avenidas, carreteras y calles del país”, recordó.
Detalles del proyecto
Tobías Crespo, con relación al pago de las multas, dijo que al día de hoy bajo el principio de racionalidad y proporcionalidad su pago es inalcanzable para los ciudadanos por sus bajos ingresos, sobre todo los que ganan el suelo mínimo de 10 mil pesos y los que trabajan en la informalidad.
“Las multas que se están pagando son del año 2007, es decir tenemos una ley nueva con multas viejas, y en ese sentido lo que establece la ley 12-07 del año 2007, hace casi 20 años es el pago de mil pesos para las leves y mil 650 para las graves. En la nueva ley 63-17 se establecen tres tipos de clasificaciones; de uno a tres salarios mínimos para las leves, de uno a cinco salarios mínimos para las graves y de uno a siete salarios mínimos para las muy graves. Las multas están en montos desde 10 mil hasta 70 mil pesos, es muy difícil que un motoristas, un deliverys y los ciudadanos con ingresos de salarios bajos paguen unas multas tan altas”; señaló.
Explicó que la pieza plantea que como el salario mínimo es de diez mil pesos y para que se mantenga, indexado a futuro, propone bajar las multas en un 75 por ciento, eso establece que las multas más leves de las leves serian de 2 mil 500 a diferencias de 10 mil pesos, y las más altas de las graves estaría en 17 mil 500 pesos, que actualmente son de 70 mil pesos.
“A la vez este proyecto distribuye los montos de las multas para los ayuntamientos, alcaldes en la municipalidad. Si la violación es en el municipio, el 40 por ciento del monto recaudado por las multas sería del ayuntamiento local, un 20 por ciento al Intrant, otro 20 a la Digesett y el restante 20 a la Procuraduría. Actualmente todo el dinero va a ésta última y no se distribuye al sector”, indicó.
El diputado de la FP significó que el proyecto, que perimió hace aproximadamente cinco años, aportaría tres puntos importantes; fomentar que el régimen sancionador empiece su aplicación con la reducción de monto de las multas, distribuir el porcentaje de las multas de manera equitativa entre los entes u órganos que tienen que ver con el sistema, así como además, resolver un conflicto que hay actualmente en el sistema de justicia, con un cuello de botella de “tira y jala”, entre los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz y especiales de tránsito por un tema de competencia.
