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SANTO DOMINGO.– El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, acusados de estafar a 113 personas con más de 2.4 millones de dólares y más de 7 millones de pesos, mediante un esquema fraudulento de inversión.
El tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo, y concluyó que existen suficientes elementos de prueba para enviar a los imputados a juicio por los delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
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De acuerdo con la investigación, Toribio Mejía y Abad de la Rosa utilizaron las empresas HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop) como fachada para captar fondos de particulares, ofreciendo atractivos intereses a través de falsos contratos de inversión. Posteriormente, obligaban a las víctimas a abrir cuentas en Digicoop como condición para mantener sus inversiones.
El Ministerio Público indicó que la suma total captada por los acusados asciende a dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres dólares (US$2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$7,250,500.00).
Samil José Abad de la Rosa fue extraditado desde Colombia en enero pasado, tras una solicitud de cooperación judicial internacional gestionada por la fiscal Tucent Hiraldo.
Ambos imputados se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Las acusaciones en su contra incluyen violaciones a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, además de varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 127-64 sobre Cooperativismo, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público aseguró que demostrará en el juicio cómo los acusados diseñaron y ejecutaron un complejo esquema fraudulento, valiéndose de medios electrónicos y estructuras corporativas, para engañar y despojar a decenas de personas de sus recursos.
