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Santo Domingo.– Con angustia y papeles en las manos, ciudadanos se congregaron este viernes en las afueras de la Vacacional de Haina para denunciar la detención de familiares que, aseguran, son dominicanos nacidos en el país, pero que no han podido completar su documentación por trabas burocráticas.
Pablito Encarnación, padre de uno de los detenidos, relató entre sollozos que su hijo Aritzell Encarnación, de 30 años, fue trasladado a Migración de La Feria sin previo aviso, a pesar de estar en proceso de regularizar su declaración tardía. “Él es dominicano, sus padres somos dominicanos, lo que pasa es que la declaración se atrasó porque el abogado murió de un infarto y hay que volver a hacer los papeles”, explicó.
A su vez, solicitó al Gobierno una prórroga de al menos un año para que las familias puedan completar estos procesos sin miedo a represalias.
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“El Gobierno debe entender que aquí hay más de dos millones de dominicanos sin cédula, por algún papel que faltó en el parto. No es justo que se les trate como extranjeros cuando lo que necesitan es una oportunidad para formalizarse”, afirmó Encarnación, mientras mostraba su cédula y documentos como prueba de su nacionalidad.
Otro testimonio que conmocionó fue el de Juan Francisco Marte, pastor y líder comunitario, quien denunció la detención de una joven embarazada identificada como Ángela Polanco, nacida en la comunidad de Pilanconcito, provincia Peravia. “Ella nunca ha ido a Haití, nació aquí, creció vendiendo maní en el barrio. Está embarazada y tiene una niña pequeña, que ahora mismo está con nosotros. La detuvieron en un hospital mientras buscaba atención médica”, explicó Marte.
El líder evangélico hizo un llamado a las autoridades a aplicar el criterio humano en estos casos, sobre todo cuando se trata de personas nacidas en territorio dominicano. “No es lo mismo lanzar a alguien al mar con salvavidas, que tirarlo amarrado. Así están estas personas, sin herramientas para sobrevivir en un país que ni conocen”, sentenció.
De igual forma, realizaron un llamado al Gobierno central y a la Dirección General de Migración (DGM) implementar medidas de excepción que permitan concluir los procesos de registro sin temor a ser privados de libertad ni separados de sus familias.
