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Puerto Príncipe.- La ONG Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), asegura que la vida de muchos haitianos enfermos en República Dominicana está en peligro porque "la gente tiene miedo de ir al hospital" y ser expulsada debido a las nuevas medidas dispuestas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración ilegal en el país.
En una entrevista concedida a EFE, la coordinadora del GARR, Katia Bonté, denuncia esa vulneración, así como la "persecución" a embarazadas en los hospitales dominicanos y la inacción de las autoridades de Haití ante las deportaciones masivas de haitianos en situación migratoria irregular desde República Dominicana.
Según datos de esta organización defensora de los derechos de los migrantes y que trabaja en zonas fronterizas con República Dominicana, solo en marzo pasado 17.390 haitianos fueron repatriados por el vecino país, otros 9.782 fueron rechazados al intentar ingresar sin documentos y 18.147 volvieron por sí mismos a Haití.
"Hay una caza de mujeres embarazadas", lo que es "flagrante, incluso deshumanizador", "la persona pierde toda su dignidad al dar a luz en la calle", subraya Bonté, quien señala que 77 embarazadas fueron devueltas a Haití en marzo (28 repatriadas, 26 retornadas voluntariamente y 23 rechazadas), mientras que los menores no acompañados devueltos ascienden a 342.
Entre las últimas medidas del Gobierno dominicano contra la migración irregular hay un polémico protocolo por el que en hospitales públicos se verifica que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, son atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
Respecto a la forma en que se llevan a cabo las expulsiones, la ONG afirma que "no se respeta el protocolo firmado en 1996 sobre repatriación. El protocolo estipula que se debe dar tiempo a la persona para recoger sus pertenencias. No dan ningún plazo para ello".
Esto genera una migración circular de personas que regresan a República Dominicana al haber sido devueltas sin sus pertenencias tras pasar 20 o 30 años trabajando. Además, muchas de ellas dejan allí a sus familias.
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Bonté denuncia que los migrantes son detenidos en sus lugares de trabajo, los niños de camino a la escuela, otros cuando van a la iglesia, en las calles o en sus casas.
Difícil situación en Belladère
La situación es "muy complicada en la frontera", asegura la coordinadora de una ONG que lleva unos treinta años documentando deportaciones.
Si bien estas se producen principalmente en los puntos fronterizos oficiales, la ciudad de Belladère es la que, al menos desde octubre, recibe a más deportados desde República Dominicana. Allí el GARR tiene un centro de acogida.
Pero desde marzo Belladère está invadida por grupos armados que siembran el terror y obligan a huir a miles de personas, a lo que se suman los enfrentamientos entre bandas y policía y el bloqueo de los accesos por carretera, lo cual impide la circulación de personas y bienes entre esta ciudad y el resto del país.
"En Belladère, la situación es bastante complicada debido al avance de las bandas en el Plateau Central (centro de Haití). Esto hace que muchos migrantes que llegan tengan dificultades para regresar a sus comunidades de origen", lo que también se produce en áreas fronterizas como Anse-à-Pitres (sureste) y Ouanaminthe (noreste).
Bonté señala que las carreteras están controladas por las bandas y el acceso a ellas es "extremadamente difícil y muy costoso. Si logran abrirse paso, es muy arriesgado y muy caro. Esto hace que muchas personas deportadas se queden en la frontera".
Este bloqueo afecta también los suministros: la oficina central del GARR está en Puerto Príncipe y sus existencias en Belladère están empezando a agotarse.
"Estamos desbordados. El Estado está prácticamente ausente. Nuestro espacio está limitado a 60 personas, pero a veces recibimos entre 200 y 250. Nuestro presupuesto no estaba preparado para esto (...) No tenemos realmente los medios financieros para responder a esta afluencia de deportados", reconoce Bonté, quien teme no poder seguir haciéndolo por falta de recursos y que se queja de no haber recibido ni una sola llamada de las autoridades.
Solicita al Estado que cree las condiciones para que los haitianos puedan quedarse a vivir en su país (generando empleo y garantizando la seguridad) y que entable conversaciones con las autoridades dominicanas: "Es necesario un diálogo entre los Estados. Incluso pedir una especie de moratoria para determinadas categorías, como las personas mayores, las mujeres, los recién nacidos y los niños".
