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Santiago.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, retomará este jueves 9 de octubre la audiencia de solicitud de medida de coerción contra 11 miembros de la Policía Nacional, acusados de haber participado en la muerte de cinco hombres durante un presunto operativo irregular ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita de esta ciudad.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana en el Segundo Tribunal Colegiado, luego de haber sido aplazada la semana pasada a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo para estudiar el expediente acusatorio y que los familiares de las víctimas pudieran estar presentes en el proceso.
Los agentes permanecen detenidos en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago y serán trasladados nuevamente este jueves para la continuación de la vista.
Entre los procesados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
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El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el proceso sea declarado caso complejo, al imputarles asociación de malhechores y homicidio voluntario.
De acuerdo con el expediente, los policías habrían llegado en tres vehículos hasta una plaza comercial de La Barranquita, donde se encontraban las víctimas, y abrieron fuego sin mediar palabras. Posteriormente, presuntamente sustrajeron los DVR de las cámaras de seguridad y los teléfonos celulares de varias personas que grabaron el hecho, con el propósito de ocultar evidencias y entorpecer la investigación.
