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Santiago. - Este martes será conocida la audiencia de medida de coerción contra cuatro directivas del Colegio Leonardo Da Vinci, acusadas de responsabilidad penal en la muerte por ahogamiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar en Gurabo.
El Ministerio Público solicita una garantía económica de RD$50 millones para cada imputada, además de presentación periódica, impedimento de salida del país y localizadores electrónicos, al considerar estas medidas “idóneas y proporcionales”, conforme al artículo 226 del Código Procesal Penal.
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa), Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella (coordinadora general), Francisca Josefina Tavárez Vélez (orientadora) y Vilma Altagracia Vargas Morel (coordinadora del nivel secundario). Todas se encuentran recluidas desde el sábado en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago.
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El expediente acusatorio, que supera las 500 páginas, fue entregado a la parte querellante. El abogado de la familia de la víctima, Miguel Valdemar, indicó que están evaluando cada elemento probatorio para determinar si interpondrán nuevas acciones legales en los próximos días.
La investigación, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora Olga Diná Llaverías, establece que en la excursión participaron 87 estudiantes bajo la supervisión de solo tres cuidadoras, sin salvavidas ni inspección previa del área acuática en la hacienda Los Caballos, donde ocurrió la tragedia. El Ministerio Público sostiene que cuenta con videos que evidencian “negligencia extrema” en la organización del recorrido.
El caso fue tipificado como homicidio involuntario en violación al artículo 319 del Código Penal, y como abandono y maltrato infantil, según la Ley 136-03.
De manera paralela, el Ministerio de Educación fue requerido para inspeccionar el centro educativo y determinar si mantiene protocolos que pudieran vulnerar el interés superior del niño.
La muerte de Stephora continúa provocando indignación social y reclamos de justicia de parte de organizaciones comunitarias y el entorno escolar, que demandan que este caso no quede impune.
