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El empresario José Enrique Yáber y su esposa Michelle Pomares denunciaron que llevan más de cuatro años inmersos en un proceso judicial tras haber entregado US$300,000 como pago para la compra inmobiliaria de un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte, en el Distrito Nacional, unidad que, según sostienen, fue posteriormente transferida a terceros sin su conocimiento.
De acuerdo con la denuncia de la pareja, el caso se originó tras la firma, en noviembre de 2017, de un contrato de promesa de venta para la adquisición del apartamento 11-A del referido proyecto. Según indican, la entrega de la unidad estaba prevista para enero de 2019.
La familia señala que, tras incumplirse ese plazo y luego de varios intentos de seguimiento, pudo constatar que el inmueble había sido incluido en una serie de transferencias realizadas el 25 de febrero de 2020, fecha en la que, según afirman, 26 apartamentos del mismo proyecto fueron traspasados a una empresa de reciente constitución.
También sostienen que otras unidades habrían sido transferidas a sociedades que, de acuerdo con los registros consultados por sus abogados, no estaban ni siquiera constituidas al momento de las operaciones.
A partir de esos hallazgos, Yáber y Pomares presentaron en marzo de 2021 una querella penal por presuntos hechos de asociación de malhechores, abuso de confianza, bancarrota y lavado de activos. Desde entonces, según su versión, el proceso ha estado marcado por decisiones de archivo, requerimientos de pruebas no tramitados con celeridad y sucesivos incidentes procesales.
La representación legal de la pareja sostiene que la Fiscalía del Distrito Nacional archivó actuaciones respecto de algunas de las personas y entidades vinculadas al caso, sin haber agotado diligencias de investigación previamente solicitadas por los querellantes, por lo cual fue necesario acudir ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, jurisdicción que revocó esos archivos, y dispuso el envío a juicio de las personas excluidas injustificadamente del expediente por la Fiscalía del Distrito Nacional.
También indican que una vez apoderado el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para el conocimiento del juicio contra los imputados, el tribunal ordenó a la Fiscalía del Distrito Nacional agotar varias diligencias de investigación, pero ante la negligencia de esta última en cumplir con las mismas, fue necesario requerir una nueva orden judicial para procurar la ejecución de las medidas ordenadas.
El caso ha pasado por distintas instancias judiciales. Según los abogados de los señores Yaber y Pomares, decisiones de cortes superiores que ordenaban continuar el curso del proceso fueron seguidas por resoluciones posteriores de tribunales de primera instancia que declararon nulidad o inadmisibilidad de la acusación, sobre la base de objeciones procesales relativas al tipo de acción aplicable a algunos de los hechos denunciados.
Actualmente, el expediente se encuentra pendiente de conocimiento por ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual fijó el juicio de fondo para el próximo 18 de marzo del 2026.
“La expectativa de nuestros representados es que el caso sea finalmente conocido en juicio de fondo”, indicó la representación legal de la familia Yáber, que sostiene que el expediente contiene documentación sobre las transferencias cuestionadas y el recorrido de los fondos entregados.
Yáber señaló que el caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de protección para compradores en operaciones inmobiliarias y sobre la respuesta institucional ante controversias de esta naturaleza.
