Santiago.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, José Rafael de Asís Burgos, se reservó el fallo de la medida de coerción de los 25 imputados de la red del criminal desarticulada por la Operación Discovery 2.0
Cuatro de los 25 de los encartados durante la audiencia llegaron a negociaciones para colaborar con el Ministerio Público en la investigación sobre estafa y extorsión, supuestamente realizada a cientos de personas en Estados Unidos
Los acuerdos entre el órgano acusador y los implicados se dieron durante la audiencia de medidas de coerción, a cambio de que no los envíen a la cárcel, aseguró tras salir del tribunal la fiscal Sourelly Jáquez.
Durante la vista, que se extendió por más diez horas la solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva contra 18 del total de imputados, en tanto para los demás siete pide impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El magistrado emitirá el fallo de medida cautelar sobre lo planteado por la fiscalía el próximo viernes 25 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.
La fiscal Sourelly Jáquez informó que otros imputados están en la disposición de colaborar, debido a la gran cantidad de elementos probatorios que tienen contra ellos.
La representante del Ministerio Publico sostuvo que en la audiencia fueron presentadas pruebas contundentes que demuestran los vínculos de cada imputado en la organización. «Contamos con cientos de llamadas donde se puede escuchar a los imputados, haciéndose pasar por parientes, para estafar a las personas envejecientes», declaró Jáquez.
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Tras salir de la audiencia los abogados, Míto Núñez, Juan Carlos Peralta y Esteban Pérez argumentaron que las pruebas presentas pr el Ministerio Público carecen de fundamentos para enjuiciar a sus clientes, sin embargo dicen que estarán esperando la decisión judicial el próximo viernes
La solicitud de medida de coerción incluye a Juan Rafael Parra Arias, Juan Armando Vázquez Ramírez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Claudio Santana, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
También, a Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Leslie Agnes Succart González, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Juana Yadirys Ventura y Miguel Ángel Vásquez.
El grupo es acusado de formar parte de una organización criminal que, apoyada en medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos.
De acuerdo a la acusación, los procesados realizaban las extorsiones desde centros de llamadas (call centers) ubicados en Santiago y otros puntos del país.
Los imputados enfrentan diversos cargos por delitos como asociación de malhechores, usurpación de identidad, estafa y lavado de activos
