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La Paz. - El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este domingo que el Gobierno de Bolivia "protege" al narcotráfico, ésto al referirse sobre la búsqueda del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es buscado desde hace varias semanas en ese país.
"Dijimos hay protección y ahora totalmente se confirma que hay protección al narcotráfico, eso nos está haciendo mucho daño", manifestó Morales en su programa dominical en el medio local Kawsachum Coca.
El líder del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) sostuvo que la intención no es "perjudicar" el Gobierno de Luis Arce, sino cuidar al presidente de que sus comandantes estén protegiendo el narcotráfico en el país.
"Ojalá el Gobierno pueda parar esta protección si no pueden sancionar", manifestó Morales cuestionando porqué aún no lo encontraron.
El exmandatario agregó que algunos "compañeros" le comentaron que antes en el Gobierno de Morales se "exportaba políticas económicas y programas sociales" y ahora Bolivia es conocida como "exportador de droga".
"Duele escuchar algunos comentarios del exterior que Bolivia es narcoestado un narcogobierno, nunca nos dijeron eso en nuestro Gobierno", refrendó Morales.
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Pidió al Gobierno actuar inmediatamente para "salvar a Bolivia", ya que el país se ha vuelto un "puente" del narcotráfico.
El gobernante MAS sufre una división, unos apoyan a Morales mientras que otra facción al mandatario boliviano.
Sobre el supuesto narcotraficante
Este fin de semana el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es buscado en el país por varias semanas, envió un video difundido por los medios locales en el que señala que ya no está en el país, que liberen a las personas aprehendidas que no tienen nada que ver con el caso y llamó "burro" al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
La Policía Boliviana aprehendió a más de una decena de personas dentro de las investigaciones para encontrar a Marset, quien cuenta con órdenes de captura de la Europol e Interpol, además de ser requerido por la Justicia en Brasil, Uruguay y Paraguay y por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.
El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y, según fuentes periodísticas, también se le relaciona con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia.
