Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader remitió al Congreso Nacional dos proyectos de ley en el marco del plan de reformas institucionales que impulsa. Esta vez fueron introducidas en el Senado de la República una iniciativa que versa sobre la violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria pública o privada y otra que tipifica y sanciona el delito de secuestro en todas sus modalidades.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta Romero hizo personalmente la entrega de los documentos en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Le acompañó el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Luis Montilla, quienes compartieron junto a otros senadores y personal de la prensa las premisas e ideas más relevantes de ambos proyectos.
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Propiedad Inmobiliaria
Sobre la primera de estas iniciativas, el consultor jurídico afirmó que su objeto era tutelar de forma integral el goce, uso, disfrute y disposición del derecho de propiedad inmobiliaria en los ámbitos público y privado, al tiempo que tipifica las conductas punibles que atentan contra este derecho y establece un régimen de penas proporcionales, eficaces y disuasivas para prevenir y sancionar tales conductas.
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Destacó además que en el proyecto se incluyen disposiciones sobre elementos relativos a la persecución y el procedimiento penal, esto es, sobre la tentativa calificada, la complicidad, la flagrancia y el régimen de la acción.
“En el ámbito orgánico, se dispone que el Consejo Superior Policial cree una dirección general especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de las propiedades públicas y privadas”, añadió Peralta Romero.
De aprobarse esta ley, se lograría actualizar este marco jurídico, al derogarse la actual Ley núm. 5869, de Violación de Propiedad en la República Dominicana, la cual data del 24 de abril de 1962.
Delito de secuestro
Respecto el segundo proyecto, el consultor explicó que el mismo parte de la necesidad de actualizar la configuración penal para hacer frente a las mutaciones que ha venido experimentando el secuestro como conducta atentatoria de la libertad y seguridad personales. En este sentido, el proyecto tipifica las diversas modalidades de secuestro, sus agravantes y atenuantes, la tentativa y amenaza de su comisión, así como el régimen de sanciones penales acorde con las circunstancias de su ejecución.
